LOS DETENIDOS, A LA ESPERA DE PASAR A DISPOSICIÓN JUDICIAL

LOS DETENIDOS, A LA ESPERA DE PASAR A DISPOSICIÓN JUDICIAL

La trama de la Operación Púnica podría haber cobrado comisiones del 3% por cada adjudicación

La 'Operación Púnica' ha concluido esta madrugada  por parte de la Guardia Civil con los registros practicados en las localidades de Parla y Valdemoro. Hasta el momento hay 51 detenidos que este martes podrían pasar a disposición judicial. Los investigadores creen que las supuestas comisiones que pagaban los empresarios por la adjudicación de las obras alcanzaba el 3%.

La trama por la que se ha detenido a Francisco Granados investiga el presunto cobro de comisiones a algunos empresarios a los que se les adjudicaron después obras públicas. Estas comisiones, según fuentes de la investigación ascenderían al 3% del coste total . Esta red se extendía por otros cinco municipios. Todo giraba alrededor de la empresa Cofely, propiedad de David Marjaliza y filial del grupo francés Suez.

La Guardia Civil ha concluido esta madrugada los registros que tenía previstos en el marco de la 'operación Púnica' contra la corrupción, con los practicados en las localidades madrileñas de Parla y Valdemoro

Fuentes de la investigación han informado de que los registros han terminado poco antes de las seis de la mañana y de que en ellos se ha incautado abundante documentación en soporte informático y papel que será analizada ahora por la Guardia Civil.

Todos los detenidos han pasado la noche en las dependencias de la Guardia Civil de Tres Cantos y Las Rozas y serán interrogados por los agentes antes de ser puestos a disposición judicial. Aunque la Guardia Civil dispone de setenta y dos horas desde el momento de la detención antes de poner a los detenidos a disposición del juez, las fuentes dudan de que se vaya a agotar ese plazo. 

En la operación Púnica, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción, hay medio centenar de personas implicadas, la mayoría de ellas detenidas este lunes y el resto imputadas acusadas de formar parte de una trama de corrupción que en los últimos dos años se adjudicó contratos de varios ayuntamientos y comunidades autónomas por importe de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales.

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