Concentración delante de un juzgado.

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ENTRA EN VIGOR ESTE JUEVES

Las tasas judiciales no se aplicarán por el momento por falta de impresos

La ley no será efectiva hasta que no estén listos los impresos de autoliquidación. De este modo, no serán aplicables hasta que el ministerio de Hacienda lo comunique.

La ley que eleva las tasas judiciales no será efectiva hasta que no estén listos los impresos de autoliquidación, según ha informado el subsecretario de Justicia, Juan Bravo, que ha precisado que el Ministerio de Hacienda los aprobará en las próximas semanas.

En declaraciones a los periodistas en el Ministerio de Justicia, Bravo ha comentado que la liquidación de las tasas no se podrá practicar hasta que Hacienda, por medio de la Agencia Tributaria, lo comunique, tal y como prevé la ley en su artículo 9.

Esa orden, que deberá ser dictada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tiene como finalidad regular el procedimiento y los impresos de autoliquidacion.

De esta forma, Bravo ha anunciado que el Gobierno comunicará a todos los secretarios judiciales que no se practique ninguna liquidación, hasta la publicación de la orden ministerial que así lo autorice, en sintonía con lo que dice la norma.

Bravo también ha hecho referencia al recurso de inconstitucionalidad que el PSOE interpondrá ante el Tribunal Constitucional y ha afirmado que el TC ya se ha manifestado en mas de una ocasión en relación con la constitucionalidad de las tasas.

Según Bravo, el TC entiende "que las tasas son legítimas y constitucionales siempre y cuando respeten el principio de proporcionalidad en relación con la capacidad económica de los ciudadanos".

Ha agregado que "el diseño que se ha estipulado en la nueva ley de tasas respeta ese principio", al tiempo que ha anunciado que en las próximas semanas, el Gobierno revisará el sistema de justicia gratuita que, según el subsecretario, "se está negociando ya con las distintas comunidades autónomas que lo gestionan".

En su opinión, la unión de los dos textos, la ley de tasas y la ley de justicia gratuita revisada, "cumplirá esos parámetros constitucionales que el TC ha establecido como legítimos en aplicación" de la propia Carta Magna.

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