Un segundo informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al sumario del caso Púnica incide en la presunta comisión por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de un delito de prevaricación como "directa partícipe y conocedora" de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.
El documento, con fecha del pasado 27 de marzo -casi un mes después del primero- incide en el contenido del informe conocido este martes, si bien no habla del delito de cohecho, centrándose en un presunta prevaricación que apuntalan diversos testigos interrogados por la Guardia Civil sobre este expediente.
La UCO concluye que las declaraciones prestadas ponen de manifiesto la existencia de "significativas y evidentes contradicciones" entre los diferentes testimonios y permiten concluir la existencia de "una pluralidad de acciones" por parte del Comité de Expertos -del que formó parte Cifuentes- que tuvieron como única finalidad favorecer de manera preconcebida a la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades S.L. en ambos procesos de licitación y decidir de antemano la adjudicación de los mismos".
Percepción "paladina"
Este favorecimiento se habría materializado a través de conductas "arbitrarias que derivaron en actos injustos y de percepción paladina" en cuanto a la comisión de los mismos por parte de sus partícipes. La UCO relaciona estas adjudicaciones con donaciones realizadas por el entonces vicepresidente de los empresarios madrileños a Fundescam, fundación del PP de Madrid, que habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales, si bien en este segundo informe no alude a esta circunstancia.
