Soraya Sáenz de Santamaría, antes de su comparecencia ante los medios de comunicación

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Santamaría afirma que el Gobierno prepara medidas ante actitudes "mafiosas" para evitar que se siga "pisoteando" la libertad en Cataluña

"Vamos a tomar cuantas medidas sean necesarias para proteger lo derechos de los catalanes. Lo que allí se está pisoteando es la libertad, con una administración en huelga, que abandona y divide a los catalanes", señala la vicepresidenta del Gobierno.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo tiene "absolutamente" controlada la situación ante lo que está ocurriendo en Cataluña y que tiene preparadas todas las actuaciones para evitar que se siga "pisoteando" la libertad y haya "comportamientos mafiosos". Sáenz de Santamaría, en declaraciones a los periodistas tras inaugurar un acto sobre turismo de calidad en España, ha señalado que el Gobierno está hablando con los diversos partidos sobre esas medidas. Al plantearle si el Gobierno actuará antes de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declare la independencia, la vicepresidenta ha explicado que el Ejecutivo está hablando con todos los partidos.

"Vamos a tomar cuantas medidas sean necesarias para proteger lo derechos de los catalanes. Lo que allí se está pisoteando -ha añadido- es la libertad, con una administración en huelga, que abandona y divide a los catalanes". Y ha añadido que todas las medidas que ponga en marcha a partir de ahora el Gobierno y que ha asegurado que ya están "trabajadas", serán fundamentalmente en defensa de la libertad. Ante la posibilidad de que entre esas actuaciones se encuentre que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución, ha precisado que, en ese hipotético caso, sería el Ejecutivo quien lo pidiera y lo tendría que acordar el Senado. Pero ha insistido en que en lo que está trabajando el Ejecutivo es en aplicar medidas que protejan al pueblo de Cataluña.

"Quieren hacer de Cataluña un lugar sin ley"

Algo que cree necesario porque considera que lo que más se está vulnerando con el comportamiento "antidemocrático, de coacción y de amenaza" de la Generalitat es el interés general de los catalanes. Ante las imágenes de lo que ocurrió el domingo en Cataluña, la vicepresidenta ha dicho que ha visto en ellas cómo el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, echó a sus seguidores a la calle para impedir que se cumpliera la ley y se respetara a la Justicia. "Nosotros estamos para defender los derechos y las libertades del conjunto de los españoles que han sido sistemáticamente pisoteados por la Generalitat", ha explicado antes de recordar que ha habido 400 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que han tenido que ser atendidos.

Algo que ha precisado que no habría ocurrido si Puigdemont "y los que le acompañan" fueran unos gobernantes democráticos que respetan la ley y la justicia. "Quieren hacer de Cataluña un lugar sin ley y eso no se lo puede permitir ni España ni el conjunto de la Unión Europea", ha añadido Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta se ha referido a las "amenazas" del ayuntamiento de Pineda del Mar a hoteles de esta localidad para que desalojen a los policías nacionales que allí se hospedaban o, de lo contrario, se les cerraría el establecimiento durante cinco años.

"Esto es un comportamiento mafioso y no vamos a tolerar comportamientos mafiosos de los ayuntamientos en Cataluña", ha recalcado Sáenz de Santamaría, Ha subrayado que se está viviendo una semana en la que todo el mundo debe ser muy consciente de la gravedad de los acontecimientos y ha garantizado que el Gobierno va a trabajar por la unidad de los partidos constitucionalistas en defensa de la libertad de los catalanes. "Los catalanes se sienten amenazados, coaccionados y obligados a tomar determinadas decisiones en contra de su voluntad por culpa del Gobierno de Cataluña, que ha perdido cualquier vergüenza democrática desde hace tiempo", ha añadido. Sáenz de Santamaría ha asegurado también que, al haber impedido el referéndum del domingo en Cataluña, el Gobierno ha permitido que la UE siga siendo un espacio de derecho.

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