La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el 9-N fue un "fracaso" de la Generalitat y de CiU porque, según ha recalcado, dos de cada tres catalanes no participaron, y ha acusado al Ejecutivo catalán encabezado por Artur Mas de "saltarse la ley con la excusa de la política". Sáenz de Santamaría ha hecho esa lectura del 9-N en la sesión de control del pleno del Senado en respuesta a una pregunta del portavoz de CiU en la Cámara, Josep Lluis Cleríes, quien ha destacado la "lección de democracia" que dio Cataluña el 9N pese a las "amenazas" del Gobierno, al que ha pedido "menos tribunales y más política".
"Su Gobierno se salta la ley con la excusa de la política", ha subrayado la vicepresidenta, quien ha acusado a Mas de estar durante toda la legislatura sometiendo a los ciudadanos catalanes a la tensión y a la inestabilidad.
Sáenz de Santamaría ha avisado a CiU que, si lo que busca es la independencia de Cataluña, no llegarán a un acuerdo porque el Partido Popular no va a permitir "un acuerdo de secesión". "Convendría menos retórica y más las cosas claras. Si lo que quieren ustedes es la independencia de Cataluña, difícilmente vamos a llegar a a un acuerdo porque ya le digo yo que ni este Gobierno ni este partido va a prestar sus votos para un acuerdo de secesión", ha afirmado rotunda.
"¿Está dispuesto su Gobierno a dialogar, responder con política y afrontar retos sin escudarse en los tribunales?", ha interpelado a la vicepresidenta. La 'número dos' del Ejecutivo ha resaltado que el propio presidente de la Generalitat ha reconocido que lo que ocurrió el domingo no es un referéndum al pedir ahora un "referéndum definitivo". Dicho esto, le ha pedido que con el Gobierno del PP "no juegue a negociar con la soberanía de los españoles". "El derecho de autodeterminación que usted pide no es posible ni en esta Constitución ni en ninguna otra de las democracias de nuestro entorno salvo que se cambie", ha recordado al diputado de CiU.
Tras señalar que no iba a entrar a discutir sobre las cifras ofrecidas por la Generalitat por respeto al Senado, ha recalcado que la única aportación política que ha hecho el Gobierno de Cataluña es "la constatación formal de la división y la tensión" a la que cree que han sometido a los catalanes. "La única agenda política de estas dos medias legislaturas del del señor Mas es inestabilidad y tensión, política extrema", ha explicado Sáenz de Santamaría, quien ha acusado a CiU de haber hecho del objetivo de los partidos minoritarios su único programa de Gobierno. Eso, a su juicio, no es hacer política, porque esta consiste en gobernar para todos los ciudadanos y no alentar discursos sólo para una parte olvidando a todos lo demás.
Ha añadido que gobernar es trabajar dentro de la ley, máxime si se desea cambiar, ya que ha destacado que la ley es la expresión política de la voluntad ciudadana. "Y usted no respeta lo que dicen los ciudadanos", le ha espetado la vicepresidenta a Cleríes, al que ha trasladado que gobernar es al mismo tiempo trabajar con lealtad, porque dialogar sobre las reglas de la democracia exige en primer lugar respetarlas.
Cleríes ha considerado que lo que hace el Ejecutivo de Mariano Rajoy es oprimir a los catalanes y le ha acusado de "esconderse detrás de los tribunales" y querer generar "miedo y confusión". Para el portavoz de CiU, el Gobierno faltó al respeto al pueblo catalán al decir que lo que hubo el domingo fue una farsa, cuando, en su opinión, fue una muestra de reafirmación de la dignidad de Cataluña como nación. Tras instar al Ejecutivo a responder con política desde el diálogo, le ha pedido que olvide "la política del ordeno y mando" y deje de tratar a los catalanes como súbditos.
"Si lo que pasó el domingo fue tan ilegal como ustedes dicen, ¿por qué lo permitieron? Ningún juez lo prohibió", ha recordado Cleríes quien ha considerado que mientras el 9N los catalanes hacían cola para votar, el Gobierno central se situaba "en la cola de la democracia". Además, ha lamentado que sean dirigentes del PP los que avancen las actuaciones de la Fiscalía y ha considerado que la Generalitat ha actuado "dentro de la legalidad de Cataluña y de los derechos de Cataluña como nación" a los que ha asegurado que no se va a renunciar, entre ellos el derecho a decidir y a opinar.
