El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato insiste en que ninguna ley prohíbe a un alto cargo ser accionista de una empresa que contrate con la Administración y critica la "falta de rigor" de la fiscal que cuestiona su patrimonio y le acusa de blanqueo, cohecho y malversación.
De este modo, Rato impugna el escrito de apelación interpuesto por Anticorrupción después de que el juez de su caso archivara esta pieza separada iniciada tras las pesquisas de la Guardia Civil, que alertó de que empresas privatizadas en la época en la que fue ministro pagaron casi 83 millones brutos por campañas de publicidad en medios, a través de sociedades vinculadas a su familia.
Según el ex director gerente del FMI, la fiscal Elena Lorente muestra una versión "incompleta", condicionada por la investigación de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que "desoyendo el mandato judicial" remitió al juzgado una "hipótesis criminal omnicomprensiva de toda la vida" del exministro. Y es que, añade, es de "absoluto asombro y estupor" que el Ministerio Fiscal acoja las "disparatadas" conclusiones del cuerpo "sin la más mínima labor de contraste y verificación, con una absoluta falta de rigor que es impropia de dicho órgano público".
Además, en el documento presentado por la defensa de Rato, el exministro vuelve a cargar contra la UCO por "extralimitarse" de sus funciones al investigar en secreto hechos "a todas luces, prescritos, atípicos" y no relacionados con las pesquisas sobre el origen de su patrimonio.
