El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dicho que la reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha desarrollado en "un clima cordial" y le ha trasladado unas "consideraciones", además del "compromiso de la mayoría del Parlament de una hoja de ruta de convertir Cataluña en un estado independiente". Puigdemont ha subrayado que dicho compromiso piensa "llevarlo a cabo" y ha entregado a Rajoy un documento en el que pide un referéndum y que el objetivo de déficit se sitúe en el 1,07%.
Ha destacado su "compromiso" de "convertir Cataluña en un estado independiente"
Dicho documento contiene 46 puntos, entre ellos 28 que la Generalitat catalana considera "incumplimientos del Estado con Cataluña, invasión de competencias e interferencias en la acción del gobierno". Se queja, por ejemplo, del recurso del Gobierno a la conselleria de Asuntos Exteriores de Raül Romeva y de la "judicialización" de la política, al considerar que la delegación del Gobierno en Cataluña "ha practicado la persecución de múltiples actuaciones contra los consistorios y municipios catalanes".
En materia económica, además del déficit, se pide un mayor margen para la consolidación fiscal y más recursos financieros, así como la revisión del sistema de financiación autonómico y el establecimiento de un interés al 0 por ciento para el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Se cifra en 842 millones de euros el dinero que, según este documento, ha dejado de recaudar anualmente la Generalitat catalana debido a los recursos presentados por el Gobierno a normas autonómicas, como el impuesto a los depósitos bancarios o el impuesto nuclear.
Respecto a los incumplimientos, se cita por ejemplo el caso del 0,7% del IRPF para fines sociales, como se pide desde hace años por parte de las fuerzas nacionalistas catalanas, y el respeto al modelo de enseñanza en catalán y de normalización lingüística previsto en el Estatut. También señala que el porcentaje de inversión territorializada en los Presupuestos Generales del Estado está "muy lejos" del peso que tiene Cataluña en el PIB estatal, lo que tiene un impacto directo sobre los servicios esenciales que se prestan a los catalanes. Así, menciona la disposición adicional tercera del Estatut para equiparar la inversión en Cataluña en infraestructuras al peso del PIB y calcula que el cómputo global que debería haberse recibido en estos años alcanza los 3.811 millones.
El Corredor Mediterráneo, la red de Cercanías, el modelo de gestión de puertos y aeropuertos, el plan hidrológico del Ebro, la ley de garantía de unidad de mercado o los papeles de Salamanca son otros de los "agravios" a los que se refiere la Generalitat. Uno de los epígrafes en los que la Generalitat enumera más reclamaciones es el referido a los "derechos sociales de Cataluña", que integran 11 peticiones. Entre ellas, la pobreza energética, ámbito sobre el que el Parlament aprobó una Ley para "la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo".
