DOCUMENTO APROBADO EN EL CONSEJO TERRITORIAL

DOCUMENTO APROBADO EN EL CONSEJO TERRITORIAL

El PSOE propone suprimir exenciones fiscales a actividades religiosas

En este documento se apuesta por que los ayuntamientos sigan manteniendo la prestación de servicios, al ser la administración más cercana al ciudadano, y que para ello tengan aseguradas sus competencias y no estén al antojo de los recortes que plantee el Gobierno de turno.

Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del PSOE
Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del PSOE | EFE

El PSOE propone que la reforma constitucional que está promoviendo incluya también una regulación "de manera acabada" de las competencias locales, para mantener la cercanía en la prestación de los servicios e incluir una financiación propia de los ayuntamientos en la Carta Magna, que contemple su participación en los ingresos de las CCAA.

Y en este nuevo modelo de financiación local que plantea, apuesta, entre otras medidas, por la supresión de muchas exenciones y bonificaciones fiscales locales, entre otras, las que se conceden a los bienes y actividades de entidades religiosas. Además, dejan constancia de que es un exceso mantener cinco niveles de administración.

Así consta en el documento titulado 'La modernización del Gobierno y la administración local, garantía de cohesión social.

En este documento se apuesta por que los ayuntamientos sigan manteniendo la prestación de servicios, al ser la administración más cercana al ciudadano, y que para ello tengan aseguradas sus competencias y no estén al albur de los recortes que plantee el Gobierno de turno, en este caso, los que ha propuesto en PP en la reforma de la Administración Local.

Los socialistas, que han planteado una reforma constitucional en sentido federal, quieren aprovechar la citada reforma para que se regule "de forma acabada la autonomía local como un pilar en la articulación territorial del Estado" y que se prevea en esa reforma, que el desarrollo del régimen local se haga a través de Ley Orgánica.

En opinión del PSOE, el precepto que se incluya en la Constitución debería reflejar un contenido similar al del artículo 147 de la Constitución para los estatutos de autonomía. Es decir, incluir las competencias propias, ajustadas a lo que los ciudadanos piden a sus ayuntamientos y una financiación incondicionada. Porque no entienden que otras instituciones como el defensor del Pueblo, la Universidad o el CGPJ sí se regulen por ley orgánica y los ayuntamientos "no lo merezcan".

En cuanto a la financiación local propia, propugnan el "pleno desarrollo constitucional" que prevé la participación de los entes locales en los ingresos de las CCAA. Todo ello dentro del planteamiento de definir de manera simultánea la financiación local y la autonómica y estatal para que cada uno de los niveles de administración disponga de los recursos suficientes para ejercer sus competencias, al considerar que la autonomía local se ha deteriorado por depender de una financiación condiciona, instrumentada a través de subvenciones.

En este sentido, creen que condicionar el acceso a determinada financiación autonómica "minora en muchos casos la capacidad de decisión sobre el ejercicio de competencias propias de las entidades locales".

Por ello, consideran que la financiación local tiene que "preservar la capacidad normativa de las entidades locales para regular tanto sus propios ingresos como la forma en la que decide facilitar el acceso a los bienes y servicios de su competencia".

Entre las novedades que incluye el texto para la financiación local están reducir "al máximo" los beneficios, exenciones y bonificaciones y uno de los ejemplos que ponen y que prevén suprimir son las exenciones de que disfrutan los bienes y actividades desarrolladas por determinadas entidades y confesiones religiosas.

También proponen crear una "factura fiscal local integrada anual", en la que aparezcan reflejados todos los tributos municipales y permitir fórmulas de pago a cuenta mensual a los vecinos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el ayuntamiento.

Suprimir impuestos que gravan actividades
Además, en materia de impuestos, el PSOE propone redefinir los impuestos propios. Así, señala que, en el impuesto sobre la propiedad, se deben definir bases imponibles tan actualizadas como sea posible y pone como ejemplo que "carece de sentido tomar como referencia para el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica la potencia, cuando se dispone de tablas actualizadas oficiales del valor del mercado de los automóviles". En este sentido, destacan la "rápida" actualización que se hace de los valores catastrales por la evolución del mercado.

En esa redefinición de impuestos incluyen el de actividades económicas. Quieren redefinir en su integridad la imposición valorando la supresión de determinados impuestos que gravan el desarrollo de actividades concretas y la penalización de externalidades negativas.

Además, plantean profundizar y redefinir las tasas y públicos con el fin de "incrementar su capacidad de gravar eficazmente el beneficio particular que se obtiene del uso privativo de bienes y servicios públicos".

Distinguir entre Ayuntamientos grandes y pequeños
No obstante, el PSOE también plantea distinguir entre ayuntamientos grandes y pequeños y para ello proponen un modelo dual de financiación estableciendo el umbral en los 20.000 habitantes. Así, los ayuntamientos pequeños dispondrían de los tributos obligatorios y de un sistema de transferencias incondicionadas del Estado y las CCAA que les compensarían de la escasa capacidad fiscal y dispondrían de algunos recursos para financiar inversiones.

Mientras que los grandes deberían disponer de márgenes amplios para ejercer su capacidad normativa y participar de los ingresos del Estado y de las CCAA sobre el criterio básico de población, en la medida en la que prestan servicios personales.

No a cinco niveles de Administración
El PSOE también tiene en cuenta las diferentes fórmulas de intermunicipalidd y plantea que el modelo de financiación local contemple la necesidad de hacer llegar recursos a estas entidades. Pero también dejan claro que la existencia de una opción intermunicipal debe pasar por el aligeramiento del número de administraciones superpuestas al municipio. "La solución a la intermunicipalidad no puede pasar por mantener o defender cinco niveles de asistencia en la gestión a los municipios", advierte el texto. No obstante, no precisan cuál de ellos se debería suprimir.

En cualquier caso, sí dejan clara su oposición a que no se supriman municipios, tal y como han venido defendiendo en la negociación con el Gobierno sobre la reforma local.

Estatuto del vecino y consultas locales
El PSOE propone también extender la transparencia a los municipios, tanto paro los ciudadanos y que estos puedan ver publicados en la web municipal, así como para la oposición municipal, para que pueda acceder al conocimiento detallado de los asuntos municipales y su posterior control en el pleno. Para lo que se establecería el "Estatuto de los cargos representativos locales" que reforzará las posibilidades del derecho de la oposición a participar en los asuntos públicos.

También creen necesario regular las percepciones económicas de los electos locales y que ésta se determine por ley, tras escuchar la FEMP, y teniendo en cuenta como criterios la población del municipio y sus recursos económicos, sin que en ningún caso pueda superar las retribuciones de un secretario de Estado.

Entre las novedades que incluyen es la Carta de Derechos y Deberes de los Vecinos, en la que se plantea la posibilidad de la "consulta directa local", para lo cual proponen "establecer procedimientos de consulta directa a los ciudadanos desde el ámbito local, especialmente para aquellos asuntos que contradigan las propuestas electorales de la formación política gobernante".

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