PSOE, Unidos Podemos y C's han aprobado en solitario el informe de la subcomisión del régimen y financiación de los partidos políticos del Congreso que, entre otras medidas, propone endurecer el delito de financiación ilegal, acuerdo del que se han desmarcado el PP, PNV y PDeCAT. El documento de 75 puntos que será debatido la semana que viene en comisión, solo ha contado con el voto favorable de PSOE, Unidos Podemos y Cs, mientras que el PNV y el PDeCAT se han abstenido. Los populares, por su parte, han decidido no participar de la votación en protesta por el cierre anticipado de los trabajos de la comisión.
A la salida de la reunión, la portavoz del PP, Beatriz Escudero, ha anunciado que su partido defenderá un voto particular al dictamen aprobado que, ha denunciado, se ha hecho "sin luz y taquígrafos" y es deficiente en su contenido ya que, por ejemplo, propone medidas que ya están en vigor. Por el contrario, Artemi Rallo, del PSOE, ha reprochado al PP que haya "arrastrado los pies" desde el inicio de la subcomisión y en ningún momento haya tenido intención de pactar nuevas medidas para mejorar el control de las finanzas de los partidos y de sus fundaciones. En esta línea, el diputado de Cs, Ignacio Prendes, se ha felicitado del acuerdo y ha criticado al PP su falta de voluntad para acordar este dictamen. "Nunca quisieron esta comisión", ha lamentado.
El PNV, que ha decidido abstenerse en la votación y presentará como el PP un voto particular, ha criticado que PSOE, Unidos Podemos y Cs hayan cerrado una acuerdo a tres "al margen de los demás". "Al parecer los tres partidos que han pactado el informe han dejado de lado uno de los principios que ha regido esta subcomisión, el consenso o la casi unanimidad, y han optado por el acuerdo por mayorías. Es legítimo, pero entonces, si ellos se lo guisan, ellos se lo comen", ha lamentado el diputado Mikel Legarda.
El dictamen aprobado sugiere actualizar el régimen jurídico de los partidos políticos con la inclusión de primarias para la elección de candidatos a la Moncloa y los gobiernos autonómicos y locales con una determinada población. Piden también que no haya una exigencia "excesiva de avales" para concurrir, que la financiación de las campañas sea transparente y que se busque un "procedimiento singularizado" para que las primarias reciban algún tipo de financiación pública.
También apuestan por reformar el Tribunal de Cuentas para reforzar su independencia --que sus miembros tengan las mismas incompatibilidades que los jueces--, su capacidad de control e investigación sobre las cuentas de los partidos y también de imponer medidas coercitivas y sanciones. En concreto, piden que puedan retener las subvenciones públicas a los partidos que no le remitan su contabilidad.
En el plano penal, demandan revisar el delito de financiación ilegal de los partidos para rebajar "significativamente la cuantía mínima que da lugar a los supuestos con penas de prisión", así como tipificar la manipulación de las cuentas anuales. Quieren que los que se financien ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos u orgánicos se hagan responsables patrimonialmente de dichos actos. Sobre las sanciones administrativas, demandan extender los plazos de prescripción de las conductas ilícitas.
Asimismo, la reforma de la Ley de Financiación de Partidos debería contemplar como sancionables la aceptación de donaciones finalistas, revocables o procedentes de personas o empresas que tengan contratos con el sector público. También aspiran ampliar el catálogo de "faltas graves", incluyendo, por ejemplo, la incorrecta identificación de los donantes.
Además de medidas para obligar a los partidos a ser totalmente transparentes en lo organizativo y lo económico, el informe prevé reforzar los mecanismos internos de control con la creación de unidades de fiscalización independientes, códigos éticos y regímenes disciplinarios. Otra de las recomendaciones es reforzar la figura del tesorero o gerente para que pueda fiscalizar la organización a todos los niveles territoriales y sectoriales.
PSOE, Unidos Podemos y Cs abogan recoger en la Constitución el principio de que los partidos deben contar con un nivel de financiación suficiente para realizar su labor de canalizadores de la participación política. Respecto a las subvenciones que reciben, piden ordenar el sistema vigente para su concesión --ahora demasiado heterogéneo-- y unificar su regulación jurídica.
Primar en las subvenciones a los partidos que cumplan determinados objetivos como la celebración de primarias, el equilibrio de género en las listas u órganos, la limitación de mandatos o ciertos niveles de transparencia es otra de las propuestas. También apuestan por que, vía Presupuestos Generales del Estado, se fije un tope anual para las ayudas económicas que reciben los grupos parlamentarios municipales que ahora son muy dispares.
Respecto a la financiación privada sugieren garantizar la trazabilidad de los ingresos. Y en lo relativo a las fundaciones, piden limitar las donaciones de personas físicas máximas por año y persona y publicar la identidad de los donantes por encima de un determinado umbral que no especifican. Además, las fundaciones deberán someterse a los controles y obligaciones contables de los partidos, publicar informes anuales sobre las donaciones que perciben e informar al Tribunal de Cuentas también de su actividad no vinculada al partido.
Entre las propuestas también destacan regular los microcréditos y el crowdfunding, así como un 'mailing' electoral que evite gastos innecesarios y garantice el pluralismo y la igualdad, aunque no hablan específicamente de un correo único con todas las candidaturas.
