El PSOE ha desvelado este paquete de propuestas después de que anunciara ayer, lunes, que no llegará a un pacto con el PP contra la corrupción debido a los numerosos casos que este partido tiene en curso en los tribunales.
Entre las 33 medidas, el PSOE plantea poner en marcha la Oficina Anticorrupción "con capacidad de actuación directa en todo el ámbito del sector público del Estado y las administraciones locales".
Esta oficina estaría en contacto con la Fiscalía y la Agencia Tributaria y podría también actuar en las comunidades autónomas tras la firma de acuerdos de colaboración. El PSOE cree conveniente modificar la ley para que la Audiencia Nacional instruya y enjuicie todos los casos de corrupción política y que estos tengan prioridad en su tramitación para castigar a los responsables de forma rápida.
Además de reducir de forma "significativa" las donaciones privadas que reciben los partidos, el PSOE es partidario de incluir en el Código Penal el delito de financiación ilegal de partidos para sancionar "a quien financia y a quien es financiado" y de que se asegure la devolución de las cantidades apropiadas de forma ilícita.
Agravar las penas por corrupción y otros delitos, como prevaricación, cohecho o tráfico de influencias, y prohibir los indultos para los condenados son otras medidas planteadas por el PSOE.
También plantea revisar las normas reguladoras de la responsabilidad civil derivada de delitos para que en caso de corrupción, el dinero robado se repuesto con "todos los bienes y derechos del condenado y, con las garantías debidas, los que pudiesen figurar a nombre de sus allegados o testaferros".
En materia de contratación del sector público, el PSOE demanda fortalecer la prohibición del fraccionamiento de los contratos y reducir las adjudicaciones negociadas sin publicidad. Los socialistas apoyan que ante un juicio por corrupción, los altos cargos involucrados dejen de sus puestos y en el caso de los parlamentarios y concejales, su acta quede en suspenso y cesen si son condenados.
Además, se prohíbe que quienes se hallen incursos en juicio por corrupción no puedan ir en listas electorales, ni ser nombrados altos cargos en cualquier administración pública. En el ámbito de los partidos políticos, el PSOE defiende que las primarias sean obligatorias en todas las formaciones y que se limiten a dos los mandatos del presidente del Gobierno.
También respalda la dedicación exclusiva de los parlamentarios y que se les exija, al igual que al jefe del Ejecutivo y los altos cargos del Estado, un certificado fiscal para controlar su patrimonio antes y después de su mandato. El periodo de incompatibilidad de los altos cargos pasará de dos a cinco años para quienes se incorporen a empresas del sector sobre el que hayan tenido responsabilidades.
El PSOE propone asimismo conocer los gastos de representación de todos los directivos ministeriales. La intención de los socialistas es negociar estas medidas con todos los grupos parlamentarios, también con el PP, con el fin de sacarlas adelante con el máximo consenso posible, según ha explicado su portavoz parlamentario, Antonio Hernando, en rueda de prensa en el Congreso.
Esta negociación, en cambio, no implicaría un pacto con el PP debido a la actitud que este partido y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tienen hacia la corrupción. "La apatía insoportable de Rajoy frente a la corrupción hace imposible pactar con el PP", ha justificado Hernando, quien también le ha responsabilizado de "amparar la corrupción" al aprobar la amnistía fiscal.
En su opinión, la "inmensa mayoría de los militantes del PP son personas honestas, pero el problema del PP está en que su cúpula está contaminada por la corrupción". "Rajoy ha convivido con la corrupción en su partido y no se ha inmutado.
Por eso no es posible pactar con ellos", ha remarcado. Hernando ha puntualizado que el único pacto al que está dispuesto el PSOE es determinar "a qué velocidad se cambian la leyes para perseguir a los corruptos".
"No es el momento de pactar, sino de actuar con el máximo rigor y rapidez", ha añadido. El portavoz socialista ha acusado al PP de utilizar las negociaciones bilaterales que había en marcha para entablar un acuerdo anticorrupción para "tapar sus vergüenzas".
