El juez Fernando Andreu ha enviado a prisión a los tres detenidos en Madrid por formar parte de una red yihadista "disponible tanto para cometer atentados terroristas, como para cumplir con un extenso catálogo de actividades complementarias" en favor de la organización terrorista islamista DAESH.
En tres autos, el juez de la Audiencia Nacional decreta prisión incondicional y sin fianza para estos tres detenidos en el poblado chabolista de La Cañada y Vallecas -Yassin El Mourabet (considerado el cabecilla), Abdessarek Essalhi (su presunto lugarteniente) y Walid Oudra-, todos ellos de origen marroquí. El Mourabet influyó en la radicalización de Essalhi y éste en la de Oudra y en la de un cuarto que se encuentra huido, Mostafa Dahouti.
Tras este proceso, los dos últimos, "desde el pasado 18 de octubre, habrían aceptado como real una espiral apocalíptica que va a justificar según ellos mismos manifiestan de forma clara, expresa e inequívoca la comisión de acciones contra la vida de otras personas". Entre las actividades desplegadas por Oudra, uno de los autos menciona la de informar a su controlador, Essalhi, de la existencia de un centro de practicantes de la rama sufí del islam justo debajo de su domicilio, en la calle Mantuano de Madrid, a los que "considera infieles y enemigos de la religión".
Andreu señala que el grado de radicalización de Oudra es tal que "comienza a exteriorizar su deseo de liberación espiritual, solamente alcanzable a través de conceptos divinos que desprecian el mundo real e idealizan la muerte y el paraíso que tras ella se halla". "Su deseo exteriorizado en varias ocasiones pasa necesariamente por el combate y la aniquilación de todas aquellas personas que considera infieles por no cumplir la voluntad divina o ser enemigos del islam", sostiene Andreu.
Por todo ello, el juez les imputa por participación activa en organización terrorista, castigado con penas de entre 6 y 12 años de cárcel, o realización de actividades de captación o adoctrinamiento para intentar incorporarse a organización terrorista, que conlleva penas de entre 5 y 10 años de cárcel.
