Los políticos que denuncien amenazas y acoso por los escraches podrán contar con vigilancia policial de forma temporal si se comprueba la existencia de esas coacciones, aunque de ningún modo los agentes actuarán como escolta. Fuentes del Ministerio del Interior han precisado que, de ningún modo, se trata de poner escolta a esos cargos públicos, sino simplemente de proporcionar vigilancia para que puedan desarrollar su vida normal.
Algunos dirigentes del PP han denunciado amenazas y coacciones de los participantes en los escraches, término con el que se denominan en Argentina las manifestaciones organizadas ante las viviendas de personas relacionadas con la dictadura y que ahora ha recuperado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para presionar en la tramitación del proyecto de ley procedente de la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago.
Las mismas fuentes han dejado claro que cualquier servidor público, al igual que otro ciudadano normal, puede contar con esa vigilancia policial si denuncia que está siendo objeto de coacciones y amenazas que le impiden llevar a cabo su labor. De momento, se desconoce el número de dirigentes del PP que lo han denunciado, aunque fuentes del grupo parlamentario popular cifraron en ocho el número de diputados que han sufrido el escrache.
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, anunció recientemente que este cuerpo tomaría "todas las medidas necesarias" para que ningún ciudadano ni representante político sufra agresiones durante protestas ante sus trabajos o domicilios, ya que esto "pervierte el sistema democrático".
