Educación se ha fijado como objetivo reducir el abandono escolar y los mediocres resultados obtenidos en los estudios internacionales como PISA. Por eso ha diseñado esta ley que marca evaluaciones externas al final de cada etapa educativa, las conocidas reválidas. Será imprescindible aprobar esas pruebas en Secundaria y Bachillerato para obtener el título y poder seguir estudiando.
Se suprime definitivamente la selectividad, aunque las universidades podrán realizar pruebas especificas para seleccionar a sus alumnos.
Habrá más horas lectivas de las asignaturas troncales: Lengua, Matemáticas, Ciencias e Inglés, y para pasar de curso sólo se admitirán dos suspensos. Nunca podrán coincidir Matemáticas y Lengua, Castellano o alguna de las lenguas cooficiales.
Además, con 14 años ya se podrán elegir optativas diferentes. Con 15, en cuarto de Secundaria, los estudiantes ya habrán tenido que decidir si siguen un curso orientado a FP o Bachillerato, porque esta reforma apuesta por la Formación Profesional, sobre todo la dual, para conectar la educación con el mundo laboral.
Entre los puntos más polémicos, la supresión de Educación para la Ciudanía y el nuevo estatus de la asignatura de Religión. Contará en la nota media como cualquier otra optativa, aunque la Conferencia Episcopal cree que no se oferta como se debe en Bachillerato.
La ley consagra el castellano como lengua vehicular. La consejera catalana ha insistido en que la ley invade sus competencias y que seguirán con su propio modelo educativo. La Generalitat ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional.
