José Manuel Maza

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A LOS 66 AÑOS

Muere el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tras ser ingresado por una infección en Buenos Aires

El fiscal general del Estado, ha fallecido a los 66 años en una clínica de Buenos Aires a causa de una infección renal que se complicó de forma repentina y pasó a ser generalizada.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha muerto en una clínica de Buenos Aires en la que estaba siendo atendido de un proceso de infección, según ha confirmado el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Maza se encontraba ingresado en una clínica de Buenos Aires en la que estaba siendo atendido de un proceso de infección. Maza se había sentido indispuesto mientras participaba en la reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que se celebró en la capital argentina. Los médicos aconsejaron su ingreso hospitalario.

Magistrado de lo Penal del Tribunal Supremo, Maza fue nombrado Fiscal General del Estado en 2016 en sustitución de Consuelo Madrigal, quien después de dos años en el cargo cesó al final de la legislatura. Nacido en Madrid, el 23 de octubre de 1951, era licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid desde 1973, es además, diplomado en Criminología por la misma universidad.

En 1976 ingresó en la carrera judicial y como juez prestó sus servicios en los juzgados de Cangas (Pontevedra), Alacuás (Valencia), Alcorcón número 1 (Madrid) y en el juzgado de distrito número 9 de Madrid.

En junio de 1988 ascendió a magistrado y fue nombrado presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid, donde permaneció hasta su nombramiento, el 23 de enero de 2002, como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Maza Martín fue elegido por 12 votos, frente a los ocho que obtuvo Margarita Robles, para cubrir una vacante en la citada Sala. Tras las elecciones generales de junio de 2016, en noviembre fue propuesto como fiscal general y el día 25 de esa misma fecha, el Consejo de Ministros confirmó su nombramiento como fiscal general del Estado, una vez recibido el aval del Consejo General del Poder Judicial.

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