Montoro, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, ha criticado el "comportamiento ético y político reprobable hasta un grado que pocos podíamos imaginar" del expresidente catalán y ha insistido en que su confesión no ha sido "espontánea", sino la respuesta a que se ha visto "acorralado" por los investigadores.
Tras recordar que con su confesión pública Pujol ha renunciado a la confidencialidad con la que le ampara la ley tributaria, Montoro ha aclarado que ya desde su anterior etapa como ministro de Hacienda hay constancia de investigaciones de negocios vinculados con miembros de la familia Pujol-Ferrusola.
Así, ha recordado que, como se ha publicado en algunos medios, desde el año 2000 hasta el 2002 se desarrolló una operación que involucraba a varias sociedades, una de las cuales cotizaba en el Ibex 35. La Agencia Tributaria también ha participado a través del Servicio de Vigilancia Aduanera en labores de auxilio judicial en una operación vinculada a la familia Pujol sobre la adjudicación de estaciones de ITV, cuya investigación judicial permanece abierta.
Además, desde finales de 2012, según ha confirmado Montoro, la Agencia Tributaria ha solicitado información tanto a personas físicas como a entidades de crédito sobre determinadas operaciones financieras realizadas en Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Holanda, Argentina, México y Luxemburgo; y colabora asimismo con la Justicia en la obtención de datos de operaciones en Andorra.
Por último, Montoro ha asegurado que el expresident de la Generalitat no presentó ninguna declaración tributaria especial después de que el Gobierno aprobara el Real Decreto de amnistía fiscal. No obstante, ha recalcado que la presentación de dicha declaración no exime de "ninguna responsabilidad o culpa" por hechos constitutivos de delito.
Montoro se ha mostrado convencido de que la confesión de Pujol después de 30 años de "clandestinidad fiscal" no ha sido un "acto espontáneo" ni un "ataque repentino", sino que se ha visto forzado por la investigación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, los funcionarios de Hacienda y los tribunales, que ha hecho saltar "por los aires" lo que "había estado ocultando durante décadas". Ha reiterado el compromiso del Gobierno de "llegar hasta el final" y ha anunciado que la Abogacía General del Estado ha solicitado personarse en los procedimientos administrativos y judiciales abiertos.
Sin embargo, el ministro ha reconocido que le gustaría que existieran menos "cortapisas legales" para poder facilitar más detalles de ciertas informaciones tributarias. En este sentido, ha propuesto a los grupos parlamentarios "abrir una reflexión" sobre la posibilidad de modificar la Ley General Tributaria para permitir revelar a los ciudadanos las informaciones relacionadas con personas de cierta "relevancia social", como se hace en otros países europeos. Otra posibilidad que ha sugerido Montoro es que el Parlament abra una comisión de investigación sobre el caso Pujol, a la que la Agencia Tributaria tendría la obligación de remitir todas las informaciones de las que dispone cuando le fueran solicitadas.
