El juez pregunta al fiscal si debe controlar a Bárcenas con una pulsera para evitar su fuga

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe controlar al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas con una pulsera electrónica para evitar que se fugue del país, tal y como solicitó la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en el caso 'Gürtel', informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha dado traslado a las fiscales del caso, Miriam Segura y Concha Sabadell, de esta petición y les ha pedido que informen sobre la conveniencia de establecer este dispositivo como medida cautelar.

En el escrito presentado al juez, ADADE descartaba pedir el ingreso en prisión de Bárcenas al considerar que podría tratarse de una "medida excesiva y desproporcionada", aunque solicitaba la "urgente" adopción de una serie de medidas cautelares para "evitar el riesgo de fuga" y que el extesorero tuviera la tentación de llevar a cabo una operación de  "vaciamiento patrimonial".

En concreto, esta parte pidió la "colocación en el citado imputado de un instrumento electrónico para su control permanente", la prohibición de que salga del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de que comparezca todas las semanas en el juzgado más próximo a su domicilio.

Embargo de sus bienes
También reclamó "la prohibición inmediata de transferir o gravar de manera alguna sus bienes", así como el embargo preventivo de todos sus bienes y propiedades "incluyendo, naturalmente, los que tenga en el extranjero". De igual modo, solicitó al juez que obligue a Bárcenas a designar un domicilio y un número de teléfono donde pueda ser "en cualquier momento localizado, comunicando de inmediato cualquier variación de ellos".

Bárcenas, que está imputado por los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho, llegó a tener hasta 22 millones de euros en una cuenta en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza). En diciembre regularizó  10,9 millones (el delito fiscal en el resto habría prescrito, según su defensa) tras acogerse a la amnistía fiscal a través de la sociedad Tesedul, registrada en Uruguay.