PARA DETERMINAR SI ES COMPETENTE PARA INVESTIGARLA

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El juez pide al Senado que acredite la condición de senadora de Rita Barberá

En un escrito dirigido a Pío García-Escudero, el presidente del Senado, el juez busca acreditar la condición de aforada de la exalcaldesa de Valencia, lo que le impediría investigarla y le obligaría a remitir la causa al Tribunal Supremo. Tanto Fiscalía Anticorrupción como la Guardia Civil sospechan que tanto Barberá como Francisco Camps estarían implicados en el presunto blanqueo del dinero que se está investigando.

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye la Operación Taula y el caso Imelsa, ha remitido un escrito al Senado en el que le pregunta si la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, es senadora, según han confirmado en la Cámara Alta.

Esta diligencia suele registrarse cuando los órganos judiciales tienen que investigar a un aforado nacional, puesto que en caso afirmativo deben enviar la causa al Tribunal Supremo. El escrito será revisado por la Mesa de la institución, que se reúne este mediodía, han indicado las mismas fuentes.

El Senado va a reenviar al Tribunal Supremo el escrito que ha recibido del juzgado al entender que debió enviarlo directamente al alto tribunal para conocer si la exalcaldesa está o no aforada. El vicepresidente primero de la Mesa del Senado, Pedro Sanz, ha explicado que es el Tribunal Supremo el que debe responder al juzgado valenciano. "No corresponde al Senado contestar", ha dicho.

El nombre de Rita Barberá salió a relucir desde el primer momento en el que se destapó públicamente la Operación Taula, a finales del pasado mes de enero, un caso relacionado inicialmente con presuntas irregularidades en contrataciones públicas de la empresa Imelsa, de la Diputación de Valencia; y posteriormente con un presunto delito de blanqueo del PP, por el que han acabado investigadas --imputadas antes de la reforma de la LeCrim-- 49 personas entre concejales, exediles, asesores y exasesores del PP valenciano.

El juzgado investiga ambas piezas por separado. Tanto Fiscalía Anticorrupción como la Guardia Civil sospechan, de forma indiciaria, que tanto Barberá como el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y el exvicepresidente del Gobierno valenciano y diputado del PP por Alicante, Gerardo Camps, estarían implicados en el presunto blanqueo del dinero que se está investigando y que principalmente estaba orquestado por el exvicepresidente de la Diputación y exgerente de Ciegsa, Máximo Caturla, han informado fuentes conocedoras del procedimiento.

Sin embargo, ninguna de estas tres personas han sido detenidas o citadas a declarar en calidad de investigadas en el juzgado por este asunto, puesto que la ley no lo permite. Al tener los tres la condición de aforados, el juzgado de Valencia que lleva el procedimiento, cuando tenga suficientes indicios, debería remitir la causa a un órgano superior, en esta ocasión el Tribunal Supremo, puesto que la exprimera edil es senadora.

Los investigadores estaban esperando a que terminen de declarar los investigados en la pieza del supuesto blanqueo del PP para determinar si con sus testimonios, documentos y grabaciones que obran en la causa pueden pedir la imputación de Barberá, Francisco Camps y Gerardo Camps.

Tras estudiarlo, será el fiscal el que tenga que elevar un informe a la titular del juzgado valenciano pidiendo que el procedimiento se remita al Tribunal Supremo al hallar indicios de delito contra personas aforadas. Este paso todavía no se ha producido, aunque sí podría registrarse en los próximos meses, han confirmado fuentes conocedoras del caso.

Mientras tanto, el juzgado ha dado un paso más en este asunto y ya ha preguntado al Senado si Rita Barberá es parlamentaria, lo que le obligaría a remitirle la causa en caso de que Fiscalía solicitara su imputación por presunto blanqueo de capitales. El juzgado que investiga este procedimiento, que está declarado secreto hasta el 14 de marzo, instruye las dos piezas por separado.

Los delitos que se imputan a los investigados --en total, unas 80 personas-- son, en diferentes grados, prevaricación administrativa, malversación de caudales, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales. Por el órgano judicial ya han desfilado todos los investigados y una gran mayoría se ha acogido a su derecho a no declarar.

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