El juez Castro a su llegada a los juzgados

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TRAS LA PETICIÓN DE LA DEFENSA DE TORRES

El juez Castro consulta a las partes si debe llamar a declarar a Gallardón

El magistrado ha dado un plazo de 10 días para que la Fiscalía Anticorrupción y los demás implicados se posicionen después de que el exsocio de Urdangarin solicitara su comparecencia por los pagos a una empresa sucesora del Instituto Nóos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha dado un plazo de diez días a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de partes personadas en el caso Nóos para que se pronuncien sobre la petición efectuada por el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, de que sea citado a declarar como testigo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-GallardóN.

Sobre ello, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, ha anunciado en una nota de prensa que también solicitará la comparecencia de Gallardón, tras aseverar, en base al escrito presentado por Torres, cómo la "estrecha" relación y colaboración entre el ministro y el Duque de Palma "culminó" con la concesión de una subvención de 144.000 euros de la sociedad pública Madrid 16 a una entidad sucesora del Instituto Nóos, a pesar de que "quedó demostrado que no se hizo ninguna gestión y que el Ayuntamiento justificó esa subvención en un escrito hecho a mano de cuatro folios".

En su escrito, Torres solicitaba asimismo la citación del exministro de Industria José Montilla y del exsecretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky, entre otros, para que aclaren su intervención de cara a negociar el convenio por el que Nóos percibió los fondos públicos para preparar la candidatura olímpica de Madrid 2016, sin que en la actualidad haya constancia de los trabajos realizados.

La defensa de Torres asevera que Gallardón debería haberse ofrecido a declarar voluntariamente en lugar de "afanarse en desvelos ajenos al proceso", en referencia a sus afirmaciones en torno a la forma como la Infanta Cristina, citada por su parte el próximo 8 de febrero, debe descender la cuesta de los Juzgados de la capital balear.

El juez Castro, el pasado mes de septiembre, ya desestimó abrir una pieza separada dirigida a investigar el papel que jugó Gallardón, en el convenio por el que la Fundación pública Madrid 16 abonó unos 140.000 euros de forma presuntamente irregular a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), entidad considerada sucesora del Instituto Nóos.

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