CARTA ABIERTA DE LAS SIETE ASOCIACIONES DE JUECES Y FISCALES

CARTA ABIERTA DE LAS SIETE ASOCIACIONES DE JUECES Y FISCALES

Jueces y fiscales piden a Rajoy que intervenga ante la "imposición" de reformas de Gallardón

En una carta abierta al presidente del Gobierno, las siete asociaciones de jueces y fiscales critican la "indeseable avalancha de reformas legislativas" que, en su opinión, han sido "impuestas sin consenso y sin diálogo". Califican además de "desproporcionada" la cuantía de las nuevas tasas judiciales.

Alberto Ruiz-Gallardón en una imagen de archivo
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (Archivo) | EFE

Las siete asociaciones de jueces y fiscales han pedido en una carta abierta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que asuma un "compromiso real" en defensa de la Administración de Justicia ante el "ejercicio del poder por la vía de la imposición, sin consenso y sin diálogo", que atribuyen al Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón.

En la carta, que lleva por título 'Compromiso con la Justicia', aluden a la "indeseable avalancha de reformas legislativas" impulsadas en la presente legislatura por este departamento ministerial. Dicha "imposición", según dicen, se está realizando sin el consenso del resto de fuerzas políticas del Parlamento y "despreciando" los criterios técnicos de las organizaciones representativas directamente implicadas en el posterior desarrollo práctico de la reformas, como son jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y funcionarios.

"Por supuesto, despreciando los intereses más legítimos de los ciudadanos, que desconocen el alcance social de las reformas puestas en marcha por el Ministerio de Justicia", recalcan en el escrito remitido a Moncloa.

Explican que con este proceder "se disgusta a la ciudadanía, que cada vez se siente menos representada en las instancias que organizan la vida y la convivencia en el país y más alejada del Ministerio de Justicia, al que día a día viene valorando más negativamente".

Al mismo tiempo, avisan, el Ministerio de Justicia, "centrando su actuación en un mero ejercicio del poder por la vía de la imposición sin consenso y sin diálogo", olvida la mejora efectiva del sistema pero también las condiciones de vida en general de los administrados y de todos los españoles.

"La situación se ha agravado sensiblemente en los últimos meses, en los que el discurso oficial ha ido por cauces y derroteros divergentes con los problemas y sensibilidades sociales -- señalan--. En ningún momento se ha atisbado en el ministro responsable la más mínima intención de acercamiento al mundo real de la gente y al papel vital que la Administración de Justicia juega en la democracia y en la defensa de la libertad".

A su entender, el Ministerio de Justicia no ha conseguido organizar un programa de reformas capaz de sintonizar con la realidad social ni con la situación de la Justicia. "Y, mucho menos, capaz de entusiasmar a la sociedad con propuestas veraces, transparentes y bien comunicadas para restablecer la estabilidad perdida, la confianza y el empuje necesario con el que superar la gravísima crisis económica, social y política en que está embarcada España", afirman.

Entre ellos, citan el intento de reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la finalidad de "cercenar la división de poderes y de quebrantar la independencia judicial", la "desproporcionada" cuantía de las tasas, la "privatización" de la Justicia y la inexistencia de inversiones en materia de Justicia, donde se registran "ínfimos" ratios de jueces y fiscales respecto ala población.

Las asociaciones representativas de la Carrera Judicial y Fiscal también hablan de la ausencia de agilidad en las normas procesales, del "endurecimiento innecesario" del Código Penal o de la carencia de propuestas que den solución a "las problemáticas más acuciantes de los ciudadanos" como son los desahucios.

En este contexto, ponen de manifiesto que la ley que elimina prácticamente el número de jueces sustitutos y magistrados suplentes se ha fraguado sin audiencia con los profesionales y es "inadecuada" a las normativas europeas. Además, ven "innecesaria" su tramitación por vía de urgencia en el Parlamento y, en definitiva, "su imposición mediante un ejercicio de fuerza sin escuchar a quienes, conocedores de primera mano de la situación, van a proceder a su aplicación". "Se trata de una interpretación de la política que consideramos carente de sentido de Estado".

Las asociaciones lamentan la falta de respuesta por parte del Ministerio de Justicia y piden que esta norma sea derogada lo antes posible y sustituida por otra ley "más razonable, más razonada y debidamente consensuada, en coherencia con nuestro compromiso con la Justicia y en defensa del interés general de la sociedad española".

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