EN EL MARCO DE LA TRAMA PÚNICA

EN EL MARCO DE LA TRAMA PÚNICA

Isabel Gallego defiende ante el jeuz la legalidad de los contratos del gobierno regional

La directora de Medios de la Comunidad de Madrid ha respondido durante una hora y veinte minutos ante Eloy Velasco, a quien ha dicho que no tiene nada que ver con la trama Púnica y que el contrato del Gobierno regional está "totalmente fiscalizado" y cuenta con el visto bueno del interventor.

La directora de Medios de la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego, ha defendido ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco la legalidad de todos los contratos suscritos por el Gobierno regional con la empresa de seguimiento de noticias en internet de Alejandro de Pedro, imputado en la operación Púnica.

Con más de dos horas de retraso, Gallego ha declarado ante el juez y dos fiscales en calidad de imputada y bajo secreto de sumario en el marco de esta investigación sobre la empresa de De Pedro, uno de los dos "conseguidores" de los que se servía la red Púnica, junto al constructor David Marjaliza.

La directora de Medios de la Comunidad de Madrid ha respondido durante una hora y veinte minutos ante Eloy Velasco, a quien ha dicho que no tiene nada que ver con la trama Púnica y que el contrato del Gobierno regional está "totalmente fiscalizado" y cuenta con el visto bueno del interventor.

Así lo han asegurado fuentes próximas a la responsable de Comunicación de la Comunidad de Madrid al término de la declaración, en la que Isabel Gallego ha insistido en que no conocía a De Pedro antes de que éste fuese a ofrecerle sus servicios como muchas otras empresas, y que nadie le aconsejó contratar con su empresa (Eico).

En este sentido, ha recalcado que Eico trabajaba con otras administraciones y grandes empresas con contratos similares al de la Comunidad de Madrid, y que, en su opinión, el servicio que ofrecía era bueno. El Gobierno regional mantuvo un contrato con esta empresa desde abril de 2012 hasta la detención del empresario, en noviembre del pasado año, con importes que oscilaban entre 1.500 y 1.800 euros al mes por servicios de "clipping" y posicionamiento de las noticias.

Sobre este asunto, Gallego ha explicado al juez que no conserva los informes que cada mes le remitía la empresa porque, al ser su contenido sobre la evolución de las redes sociales -y por tanto "muy efímero"-, los borraba.

Pese a ello, la directora de Medios de la Comunidad de Madrid le ha garantizado que los servicios de informática del Gobierno regional están buscando todos los informes en los discos duros. No obstante, Gallego ha afirmado que la relación diaria profesional con Eico puede confirmarse por los correos electrónicos que colaboradores suyos cruzaban con esta empresa y ha indicado que probablemente la propia compañía tenga en su poder los citados informes.

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