El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha desvinculado la operación de la Guardia Civil desarrollada este jueves contra la presunta financiación irregular de CDC de la estrategia del Gobierno para hacer frente "con la ley" al desafío de los partidos independentistas en Cataluña.
Zoido ha recordado que es la cuarta vez que se realiza una operación con registros por la presunta financiación irregular de CDC y que, como en otras ocasiones, "no depende de lo que quiera la Guardia Civil" sino que es "una instrucción de la Fiscalía Anticorrupción".
Conocidas ya las detenciones, se le ha preguntado al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, por las sospechas de corrupción, pero se ha negado a contestar. Sí lo han hecho personas cercanas al presidente, que vinculaban las redadas con los planes independentistas.
El exalcalde de Barcelona, Xavier Trías, considera que "estas cosas siempre pasan en determinados momentos" y la portavoz de la Generalitat, Neus Munté, cree que "existe una operación contra Cataluña para intoxicar y ensuciar la honorabilidad de destacados políticos catalanes".
Sin embargo, ni si quiera el resto de partidos de Cataluña coincide con esta opinión. El vicepresidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, dice que no le "consta esa relación" y desde la CUP acusan a Convergencia de dar una tremenda bofetada al proceso.
Ante los planes de adelantar el referéndum, Moncloa ha anunciado que hará todo lo posible para impedirlo, y para mantener los colegios cerrados. El llamamiento a respetar la ley, no sólo lo hacen juristas que este jueves han presentado un manifiesto conjunto, "cualquier llamada a desobedecer a los tribunales no tiene cabida en un Estado de derecho", también es repetido por el gobierno.
Ha sido la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría quien ha explicado que "el plan principal es trabajar para que impere la ley, el sentido común y el respeto a la legalidad". Y recuerda, la mano del gobierno sigue tendida pero será firme si la Generalitat no desiste de sus planes.
