En un comunicado en el que la Guardia Civil informa de la operación desarrollada en diversos puntos de España en la que han sido detenidas catorce personas, el instituto armado asegura que las investigaciones revelaron "diversos métodos utilizados para desviar el dinero de las subvenciones a otros fines diferentes, en este caso presuntamente a una financiación del propio sindicato".
"Estos procedimientos eran ejecutados por personal que trabajaba para UGT-A, el cual sería dirigido por un responsable de la citada organización", añade la nota. Según la Guardia Civil, "se ha constatado que este fraude se realizaba de manera sistemática año tras año, siendo perfeccionado en el transcurso del tiempo". La nota indica que la operación de hoy fue ejecutada por el Grupo de Delincuencia Económica de la UCO, dirigido por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. En la operación, denominada Cirene, y que investiga, entre otros delitos, fraude en subvenciones, fueron detenidas catorce personas -cinco en Madrid, una en Jaén, siete en Sevilla y una en Gran Canaria- y se efectuaron seis registros -uno en Madrid, uno en Jaén y cuatro en Sevilla-.
La actuación, según la nota, abarca el análisis de los fondos de formación otorgados por la Junta de Andalucía mediante subvenciones a distintos beneficiarios a lo largo de los últimos doce años. Para ello, se han llevado a cabo múltiples actuaciones como la incautación, el pasado mayo, de expedientes de justificación de subvenciones para formación, en la sede de la Dirección General de Formación de la Junta de Andalucía.
El inicio de la operación se sitúa en el Juzgado de Instrucción 6 de los de Sevilla en el verano del 2013, causa que fue dividida posteriormente entre ese juzgado y el número 9, entendiendo este último de todo aquello relacionado con la UGT-A. El 19 de diciembre fue registrada su sede y después el Grupo de Delincuencia Económica llevó a cabo diversas tomas de declaración tendentes a esclarecer los hechos investigados.
El análisis de la documentación incautada en diciembre, contrastado con las manifestaciones tomadas y otras diligencias practicadas, "ha propiciado una acumulación de indicios sobre diversas personas como responsables, en distintos grados, de un delito de fraude de subvenciones". En su comunicado, la Guardia Civil asegura que la operación sigue abierta y que no descarta nuevas detenciones.
