La firma del decreto de convocatoria de la consulta del 9N ha dado luz verde al inicio de la campaña institucional del Govern para la celebración del referendo, en el que los partidos con representación parlamentaria dispondrán del 70% de los espacio públicos para promover sus debates.
En el anexo del decreto de convocatoria de la consulta -que el Gobierno impugnará ante el tribunal Constitucional- se contempla la campaña informativa institucional del Govern.
Los partidos podrán promover su campaña o debate desde el 2 al 7 de noviembre
El ejecutivo catalán ya ha puesto en marcha la campaña, el debate público, así como la utilización de espacios públicos que serán designados por los ayuntamientos para que partidos u organizaciones puedan promover su campaña o debate desde el 2 al 7 de noviembre.
>>El Govern prevé que el 9-N cueste unos 9 millones
El Govern prevé que la consulta cueste unos nueve millones de euros, según las estimaciones que establece el anexo de memoria económica del decreto de convocatoria de la votación del 9N, publicado este sábado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).
El coste previsto en Cataluña es de 8.987.699,17 millones, aunque la cifra acabará siendo superior porque no se incluye el IVA en algunas de las partidas; además, el decreto deja claro que todas las cifras presupuestadas son "una estimación y que, por tanto, pueden variar al alza o a la baja".
En los presupuestos del Govern para este año, acordados por CiU y ERC, ya figuraba una partida para la votación, que era de diez millones de euros, y la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, dijo que era ampliable
En concepto de informática y de telecomunicaciones, se presupuestará un total de 3.004.000 euros, sin contar el IVA. Para material (papeletas, sobras, urnas, cabinas) se aportarán 194.825,41 euros sin IVA y 200.000 euros, también sin IVA, para otros gastos, como la impresión de las papeletas en braille, difusión institucional y transporte.
La consulta costará más de lo previsto porque no se ha incluido el IVA en algunas de las partidas
La consulta también comporta diferentes gastos de personal: 17.100 euros para pagar a los miembros de la comisión de control, 69.473 para los miembros de la comisión de seguimiento, y 728.155 para los coordinadores municipales.
La partida más alta es la destinada a anticipos para los ayuntamientos, para que puedan cubrir los gastos que pueda generarles la convocatoria, y se prevé que supongan un total de 4.774.145,76 euros.
El Ejecutivo catalán, con Artur Mas a la cabeza, informó de que , de esta aportación para los entes locales, se estima que al menos 1.577.220 serán para pagar a los ciudadanos que formen parte de las mesas electorales; 326.160 para policías locales y agentes de seguridad; 1.415.957,76 para "personal colaborador y otros gastos"; y 640.080 para los empleados públicos que trabajen en apoyar la organización de la consulta y en transmitir los resultados y los datos de participación de cada mesa.
Estas últimas cifras pueden aumentar según el número de locales de votación y mesas de consulta, ya que todavía no se sabe el número de puntos de votación, y los ayuntamientos tienen diez días para hacer llegar sus propuestas a la Conselleria de Gobernación.
>>Diez días para que los ayuntamientos den los puntos de votación
Los ayuntamientos catalanes tienen un plazo de diez días para entregar al Govern una propuesta de qué locales acogerán los puntos de votación para la consulta del 9 de noviembre, según establece el decreto de convocatoria firmado este sábado por Mas.
Así figura en el anexo 1 del decreto, que fija las reglas específicas para la consulta que prevé celebrar el Govern y que en su artículo siete da un plazo de diez días a partir de la publicación del decreto para que los ayuntamientos hagan una propuesta al Ejecutivo.
Los ayuntamientos deben proponer los puntos de votación para el 9N en diez días
De esta forma, los municipios deberían entregar su propuesta al departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales antes del 7 de octubre, de forma que el Govern pueda hacer pública la relación definitiva de puntos de votación antes del 12 de ese mismo mes.
El Govern cede así a los ayuntamientos la potestad de decidir qué locales y mesas de consulta --el decreto no habla de colegios electorales-- ofrecen, y deja en sus manos la decisión sobre si se utilizarán edificios públicos para albergar las urnas.
El Ejecutivo catalán confía así en la colaboración de todos los ayuntamientos catalanes para poder llevar a cabo la consulta del 9 de noviembre, aunque por lo menos cuatro de la provincia de Barcelona --Rubí, Castelldefels, Viladecans y Sant Boi de Llobregat-- han rechazado aprobar mociones de apoyo a la ley de consultas.
