TRAS EL CONSEJO DE MINISTROS

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Los condenados por abusos sexuales no podrán trabajar con menores

El Gobierno ha aprobado el Registro Central de Delincuentes Sexuales para evitar que los condenados en firme por estos delitos realicen actividades, trabajos o voluntariados en los que estén en contacto con menores. En rueda de prensa, Santamaría ha calificado el Registro como una herramienta "importante" que servirá para proteger a los menores.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes, a petición del ministro de Justicia, Rafael Catalá, al Real Decreto que crea y regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales al que deberán acudir a partir de ahora todas las personas que trabajen o realicen labores de voluntariado en contacto con menores de edad para acreditar ante su empleador que no tienen antecedentes por abuso de menores o similares, tal y como impone la Ley de Protección de la Infancia. Más de 43.000 personas en España tienen antecedentes por estos delitos.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a cuyo lado ha comparecido Catalá, ha destacado que se establece así "un sistema eficaz" para impedir que las personas que hayan cometido cualquier delito sexual puedan "tener acceso o seguir ejerciendo" profesiones, oficios u otro tipo de actividades que impliquen un contacto habitual con menores de edad, pero también para perseguir estos delitos en colaboración con otras autoridades europeas.

Catalá ha explicado que el registro, que "empieza a estar operativo inmediatamente", recogerá a los 43.765 condenados por delitos sexuales que hay en la actualidad en España y se irá ampliando bebiendo tanto del Registro Central de Penados como del Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de Menores.

"Es muy conveniente tener esta información singularizada e identificada. Permitirá evitar algunos problemas y es que personas que tengan alguna condena de estas características puedan dedicarse a labores docentes y de voluntariado en contacto con menores de edad", ha señalado el ministro, para incidir en que la misión principal del registro es "prevenir la delincuencia sexual y proteger a los menores de edad".

En concreto, como manda la Ley de Protección de la Infancia, la persona que pretenda trabajar o realizar cualquier tipo de actividad que conlleve contacto habitual con menores deberá presentar, ante quien le contrate, una certificación negativa que acredite que no está incluida en dicho Registro. En el caso de los ciudadanos extranjeros, además deberán acreditar que no tienen condenas penales por los delitos referidos en su país de origen o en donde sean nacionales.

El registro incluirá los datos de todos los condenados por sentencias firmes dictadas, tanto en España como en otros países, por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, "con independencia de la edad de la víctima o del condenado". En este sentido, Catalá ha aclarado que la identidad de la víctima no figurará, aunque sí quedará constancia de su minoría de edad, si la hubiera.

 

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