Las víctimas podrán recurrir la libertad condicional, los permisos y beneficios penitenciarios de sus agresores, según el anteproyecto de ley del Estatuto de la Víctima del Delito que ha sido aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El proyecto contempla esta posibilidad para las víctimas de delitos de terrorismo, homicidio, lesiones y contra la libertad sexual penados con más de cinco años de cárcel, es decir, la mayoría de los delitos graves, o cuando se traten de hechos que puedan derivar una situación de peligro para la víctima.
Sáenz de Santamaría, en cuanto a la doctrina Parot, ha dicho que el gobierno la tomaba como justa. "Para nosotros, la doctrina Parot era justa".
Entre los derechos de las víctimas, destaca:
Derecho a la información: "Se reconoce el derecho de información, el derecho a estar acompañado, a traducciones, entre otras. Antes, la víctima no tenía posibilidad de ser informada tras la sentencia. Ahora, tendrá esa información en todas las situaciones en las que exista un reproche penal con respecto a la pena del condenado", aclaraba Gallardón.
Derecho de reflexión: surge a causa de las inquietudes de algunos colectivos de víctimas. Se va a prohibir que en un mes los abogados se dirijan a las víctimas, evitando momentos dolorosos, para que contraten sus servicios. Se reconoce a la víctima que pueda recoger información sobre la pena. Además, en la ejecución de la pena, se introduce los derechos a que la victima participe una vez que la pena está puesta.
Se aprueba el Plan PIVE 4 y PIMA Aire 2
El Consejo de Ministros ha aprobado los planes de estímulo a la demanda de vehículos PIVE 4 y PIMA Aire 2 con algunas modificaciones respecto a los anteriores.
En el caso del PIVE 4, que entrará en vigor el próximo lunes, la principal novedad reside en la extensión de ayudas a vehículos para personas de movilidad reducida, al mismo tiempo que se mantiene la dotación con cargo a los presupuestos del Estado de 70 millones de euros, con los que facilitar a los usuarios el acceso a la compra de 70.000 vehículos con determinadas condiciones de emisiones de CO2.
En cuanto al Plan PIMA Aire 2 se extienden sus beneficios a los particulares (en el anterior solo abarcaba a pymes y autónomos), a las motocicletas y bicicletas eléctricas, a los coches seminuevos de un año de antigüedad y se fija el límite de precios en 30.000 euros.
