COMPARECENCIA EN LA COMISIÓN DE JUSTICIA

COMPARECENCIA EN LA COMISIÓN DE JUSTICIA

Gallardón niega amnistías a presos etarras y condiciona beneficios a que pidan perdón

El ministro de Justicia recuerda que los indultos generales están prohibidos por la Constitución.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón | EFE

Alberto Ruiz-Gallardón, ha manifestado respecto a los presos de la banda terrorista ETA que "la amnistía no cabe en nuestra Constitución" y que "mientras los indultos generales están expresamente prohibidos", los individuales están sometidos a requisitos" precisamente por su "naturaleza excepcional".

Así lo ha señalado durante su comparecencia este miércoles en la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha insistido en que el Estado de derecho "va a ser fiel a sí mismo" y que a esta fidelidad "va a obedecer la política que nos va a permitir ser contundentes a la resistencia de las embestidas criminales de quienes han intentado destruir nuestro Estado de Derecho".

Así, Ruiz-Gallardón subrayó que no se aplicará respecto de los presos de ETA "ningún tipo de excepción" a la legislación penitenciaria vigente, que se aplica a todos los ciudadanos.   

"Si alguien está pensando que aquellos que han sembrado el terror en nuestro país van a poder beneficiarse de esta medida solamente porque se haya producido una declaración de la banda terrorista ETA, cuyo carácter reversible está por confirmar, están equivocados", ha aseverado.

Cualquier medida, según el titular de Justicia, estará vinculada a los factores particulares de cada recluso entre ellos "la petición individualizada de perdón y el ánimo de reparación de las víctimas".  Ha añadido que cualquier medida se realizará escuchando a los afectados por los delitos cometidos por los miembros de ETA.

Ruiz-Gallardón también se ha referido durante su intervencion al Estatuto de la Víctima, dirigida a que el Estado garantice sus derechos.

La reforma que el Departamento de Justicia plantea en este texto irá dirigida, según el ministro, a garantizar el derecho de las víctimas a estar informados de la tramitación del proceso que les afecte y a poder personarse en todas las fases del procedimiento, incluido el de ejecución.

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