Gallardón anuncia una reforma la Ley del Aborto para exigir el consentimiento paterno

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado en el Congreso una reforma de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo en la que se exigirá el consentimiento paterno para aquellas menores de edad que quieran abortar y se defenderá, también, el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional, cuando se pronunció sobre la primera Ley del Aborto de 1985.

En su primera comparecencia en el cargo en la Comisión de Justicia, Gallardón ha indicado que en la reforma de la ley de marzo de 2010 de interrupción voluntaria del embarazo también se defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional. 

"Se trata de la reforma legislativa parcial más importante. Que no les sorprenda que la anuncie yo porque la trataremos en esta comisión. Fue aprobada sin el consenso de los órganos consultivos. Nos inspiraremos en la doctrina defendida en el Tribunal Constitucional y por supuesto principios anunciados por nuestro partido estarán incluidos en esta reforma", ha agregado.

La legislación que regula en la actualidad la interrupción voluntaria del embarazo, vigente desde el 5 de julio de 2010, está pendiente de dos recursos ante el Tribunal Constitucional, uno del PP y otro del Gobierno de Navarra.

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha considerado "admirable" la reforma para que sea obligatorio el consentimiento de los padres en el caso de que menores quieran abortar.

En esta propuesta de reforma, Gallardón ha destacado que también se recogerán aquellos principios que han sido anunciados por el Partido Popular sobre la normativa.

Concretamente, el PP se comprometió en la campaña electoral a "cambiar el modelo de la actual regulación del aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores".

Posteriormente, la entonces coordinadora de Política Social del Partido Popular del PP, Ana Pastor, aseguró que la posición de los 'populares' sobre la Ley del Aborto es el que se recoge en el recurso presentado en 2010 contra la norma socialista ante el Tribunal Constitucional.

El recurso cuestiona ocho preceptos de la actual legislación. En su argumentación, el PP toma de nuevo como "punto de partida y marco de referencia la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985, en la que se estable la obligación del Estado de proteger la vida humana en formación".

Aborto libre hasta las 14 semanas
Además, critica que para abortar en las primeras 14 semanas no sea necesario que concurra "ninguna causa objetiva o situación característica de conflicto objetiva que permita justificar, al menos formalmente, el sacrificio de la vida humana del nasciturus", algo que, a su juicio, va contra el artículo 15 de la Constitución Española que reconoce que "todos tienen derecho a la vida".

Asimismo, señala que la ley no explica por qué se ha fijado en 14 semanas (y no en 12 ó 16) el plazo para poder practicar en España el aborto libre, ni qué cambia en el feto para no poder ser protegido antes de ese plazo y sí después.

Reacciones encontradas[[LINK:INTERNO|||20120125-NEW-00105-true|||
Asociaciones de familia y 'provida' han mostrado su "satisfacción"]] por el anuncio de la reforma de la Ley del Aborto, aunque la ven "insuficiente" y esperan que sea sólo "un primer paso" hacia la derogación de la misma.

El presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), Santiago Baranbio, considera que la decisión del Gobierno de reformar la Ley del Aborto es una "pésima noticia".

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha recordado por su parte que las jóvenes de 16 y 17 años ya pueden decidir "cuestiones vitales" como donar un órgano, someterse a una operación quirúrgica de riesgo o casarse.

Reforma de la Ley del Menor
Asimismo, ha avanzado la introducción de una nueva regulación en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, por la cual se unificará la investigación y el enjuiciamiento, en los casos de delito grave en los que estén implicados mayores y menores, sin que esto suponga una merma de los derechos del menor.