La Fiscalía tiene preparada una querella por rebelión contra Puigdemont si declara la independencia

La Fiscalía General del Estado ya tiene preparada una querella por el delito de rebelión que presentaría contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el caso de que éste hiciera efectiva una declaración unilateral de independencia, han confirmado fuentes del Ministerio Público.

Este delito, que puede conllevar hasta 30 años de cárcel, puede aplicarse según el Código Penal a quien se alzare "violenta y públicamente" para declarar la independencia de una parte del territorio nacional.

El presidente de la Generalitat aseguró en una carta remitida el pasado lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que si el Ejecutivo persistía "en impedir el diálogo y continuar la represión" el parlamento catalán "podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10".

Con la querella ya casi ultimada, la Fiscalía General del Estado no ha decidido aún ante qué tribunal la interpondría, lo que depende de los distintos escenarios que se abrirían con la aplicación del artículo 155 de la Constitución por desobediencia del gobierno de la Generalitat a las obligaciones que le impone la ley.

Según apuntan fuentes jurídicas, una de las posibilidades es que la aplicación del artículo 155 comporte la inhabilitación de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat e incluso su posible cese como diputado del Parlament, por lo que perdería el fuero ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y entonces la Fiscalía presentaría su querella por rebelión ante la Audiencia Nacional.

Otra opción es que la querella acabe en manos del Tribunal Supremo, en el caso de que el ministerio público considere que los hechos atribuidos a Puigdemont afectan a todo el territorio español e incluso se han cometido en el extranjero, como es el caso de algunas webs vinculadas al referéndum que estaban alojadas en servidores de otros países.

La Fiscalía podría decidir también presentar su querella por rebelión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde la magistrada Mercedes Armas ya instruye una causa por desobediencia, prevaricación y malversación contra Puigdemont y el resto de miembros del gobierno catalán por los decretos para convocar y organizar el referéndum independentista.

La malversación es el único de esos tres delitos castigado con penas de prisión -hasta ocho años-, ya que tanto la prevaricación como la desobediencia solo llevan aparejados condenas de inhabilitación.

Asimismo, el delito de rebelión, que persigue a los que "se alzaren violenta y públicamente" para, entre otros fines, lograr la independencia de una parte del territorio nacional, conlleva penas de entre 15 y 25 años de cárcel para los responsables de impulsarla y, en el caso de que los hechos sean más graves, de 25 a 30.