La Fiscalía acusa a Artur Mas de actuar con "arbitrariedad" al incumplir la suspensión del 9-N ordenada por el Tribunal Constitucional y de "sobreponer la propia visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer sus atribuciones administrativas de manera objetiva y conforme a derecho".
Así lo sostiene el ministerio público en la querella que la Fiscalía ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el presidente catalán, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia grave, prevaricación, usurpación de funciones públicas y malversación.
En su escrito, el ministerio público reprocha a los miembros del gobierno catalán querellados la "intrínseca arbitrariedad" de su conducta, por negarse "abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución judicial emanada del máximo intérprete de la Constitución".
El ministerio público recuerda que la consulta alternativa del 9-N fue "planificada, auspiciada y financiada" por la Generalitat pese a que el TC la suspendió en una orden que, a su parecer, "no dejaba margen a la duda". Es más, el fiscal cree que el 9-N "no fue sino la realización, por otros medios, del designio original de celebrar una consulta de naturaleza materialmente refrendaria igualmente suspendida por el TC", como lo demuestra que Artur Mas puso en marcha un proceso de participación ciudadana "desarrollado con la estructura de urnas, mesas y papeletas característica de los procesos electorales".
La Fiscalía sostiene que el gobierno de la Generalitat "llevó a cabo una continuada actividad administrativa destinada a dar soporte material y personal" al 9N y "ha incurrido en gasto público para llevar a cabo actuaciones delictivas", opuestas a las decisiones del Tribunal Constitucional.
En opinión del ministerio público, "hallándose jurídicamente suspendido el proceso de participación, los querellados adoptan decisiones, escritas o no, y perseveran en vías de hecho, que les sitúan extramuros del ordenamiento jurídico, y solo aspiran a hacer prevalecer su voluntad sobre el contenido de las decisiones que al respecto había adoptado el Tribunal Constitucional".
Para la Fiscalía, las decisiones que adoptaron los querellados sobre "la jornada de funcionarios públicos, apertura y mantenimiento o no cierre de la página web" no pueden ser consideradas como meros actos políticos, porque ello "ensancharía de un modo intolerable los espacios de las administraciones públicas exentos de un completo control".
Esas decisiones, añade la querella, "no guardan parangón alguno" con la declaración de soberanía o la creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional que aprobó el Parlament, dado que estos hechos "no se produjeron violentando una decisión previa de suspensión adoptada por el TC".
