El fiscal general del Estado, José Manuel Maza

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Cataluña

La Fiscalía pide abrir diligencias contra los alcaldes que estén colaborando con la preparación del referéndum del 1-O

En el caso de que no comparezcan cuando sean citados por los fiscales, se ordena a los Mossos que lleven a cabo su detención, según reza el oficio dictado por el fiscal general José Manuel Maza, que señala que las diligencias deben comenzar por los municipios implicados con mayor población. Se pospondrá la citación de los alcaldes aforados.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha enviado una instrucción a los fiscales de Cataluña para que citen como investigados (imputados) a los alcaldes que han firmado un decreto para ceder locales para celebrar el 1-O y, en caso de no comparecer, reclamen a los Mossos que los detengan. Maza, en un oficio dirigido a los fiscales jefes provinciales, pide que, a la vista del número de municipios afectados, se dé preferencia en la apertura de diligencias de investigación a aquellos que tengan más población.

La instrucción adjunta la relación de los 712 ayuntamientos que, según la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), han firmado decretos para poner a disposición del gobierno de la Generalitat los locales necesarios para llevar a cabo el referéndum convocado para el próximo 1 de octubre. Además, el oficio recuerda que, en una carta firmada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Jnqueras, se ha contactado con todos los ayuntamientos de Cataluña "exigiendo que pongan locales a disposición del referéndum ilegal" e insiste en que cualquier conducta de las "autoridades" que facilite el 1-O puede constituir delito.

Por ese motivo, el fiscal general ordena que se abran diligencias a cada uno de los Ayuntamientos que figuran en el listado y que el alcalde respectivo sea citado a través de la policía judicial para declarar como investigado, asistido de letrado, "en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal". En el caso de que el alcalde citado no comparezca a declarar, la instrucción indica que se deberá acordar su detención y oficiar "a los Mossos d'Esquadra como policía judicial" para que la lleven a cabo "en el plazo más breve posible".

El oficio establece que, a la vista del número de municipios afectados, se dará preferencia en la tramitación a las diligencias que afecten a los ayuntamientos con mayor volumen de población. La nota cita la dirección de la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia que incluye a 712 ayuntamientos catalanes que, según el ministerio público, han firmado un decreto para poner a disposición del Govern locales para celebrar el referéndum. El listado colgado en dicha página web incluye municipios de las cuatro demarcaciones, como Manresa, Vic, Igualada, Vilafranca, Vilanova, Sitges, Tortosa, Reus, Cambrils, Amposta, Girona, Figueres, Olot, Balaguer, Les Borges Blanques, La Pobla de Segur, Solsona o Tàrrega.

Las fiscalías catalanas ordenan a los policías locales requisar las urnas para el 1-O

Paralelamente, las fiscalías catalanas han ordenado a las policías locales de los ayuntamientos catalanes que investiguen cualquier actuación encaminada a "organizar el referéndum ilegal" y que intervengan "las urnas, sobres electorales" y otros elementos destinados a preparar la consulta. En sendas instrucciones de los fiscales jefe de las cuatro provincias catalanas dirigida a los Mossos d'Esquadra, se ordena a los jefes de las unidades de este cuerpo policial a que se dirijan por escrito a todos los jefes de las policías locales para que elaboren atestados sobre cualquier preparativo del referéndum.

Les instan a "adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos e instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal". En caso de que para intervenir dichos efectos sea necesaria una orden judicial, la Policía lo pondrá de inmediato en conocimiento de la Fiscalía, según detalla la instrucción.

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