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EL MAYOR PROCESO DE ARAGÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN

La exalcaldesa de La Muela dice que ha podido cometer errores pero no delitos

María Victoria Pinilla, la exalcaldesa de La Muela, en Zaragoza, ha defendido su inocencia en su alegato final ante el tribunal que la juzga por 26 delitos de corrupción urbanística. El macrojuicio, que sienta en el banquillo a 36 personas, ha quedado este jueves visto para sentencia.

El juicio del caso La Muela, el mayor proceso celebrado en Aragón contra la corrupción urbanística, ha quedado visto para sentencia con una declaración de la exalcaldesa María Victoria Pinilla, quien ha afirmado que ha podido cometer "errores, todos humanos", pero no "delitos".

En la última palabra ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Pinilla, que se enfrenta a una petición fiscal de 35 años de cárcel, ha dicho que aceptó subvenciones y donaciones y que nunca tuvo consciencia de que "eso fuera reprochable", aunque ahora algunos lo vean como delito o tráfico de influencias.

"Siempre he querido hacer las cosas bien", ha resaltado la exalcaldesa, quien en una intervención de poco más de diez minutos, ha remarcado que siempre actuó en favor del municipio de La Muela y de los vecinos, que, ha recordado, la eligieron con mayoría absoluta durante 24 años, veinte como candidata del Partido Aragonés (PAR).

En su opinión, en el juicio, que se ha prologado durante treinta sesiones, se ha confirmado su inocencia y ha señalado que "cuando el viento sopla muy fuerte -en referencia a este proceso- es cuando hay que remangarse para hacerle frente".

Sobre las aceptaciones de pena de muchos de los 36 acusados en esta macrocausa ha lamentado que algunos hayan "buscado refugio sin importar el daño" que puedan causar a otros, y ha agradecido el cariño de su familia, su exmarido y sus tres hijos, también encausados y que han alcanzado sendos acuerdos con la fiscalía para reducir penas.

El exmarido de Pinilla, Juan Antonio Embarba, aceptó 3 años de cárcel de una petición de 11 años y medio, y sus hijos, Víctor, Juan Antonio y Jorge, aceptaron entre 9 meses y un año de prisión tras reconocer delitos y aportar las cantidades económicas que les reclamaban.

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