Los Mossos d'Esquadra han atribuido los incidentes en el barrio de Gràcia a un grupo de unas 200 personas que provocaron "actos de violencia urbana organizada muy graves" y han advertido que si esta noche vuelve a haber incidentes, la policía responderá de nuevo con firmeza.
Darse un paseo por el barrio de Gracia este martes era hacer un
recuento de daños, contra bancos, cajeros, o contra negocios del barrio que
sólo por estar ahí resultaron destrozados.
"Me han roto toda la cristalera esta noche", dice un comerciante. "Nos han
pintado la pared en el mismo local", asegura otro. Hoy se contabilizan las
consecuencias que se ven y las que no se ven: "Perdimos todo el día de venta",
señala el dueño de una tienda de artículos de cocina.
En la tapia con la que la policía ha cerrado la sucursal 'okupada', una
pintada dice "volveremos". Al lado, un cartel de "okupas fuera". "Arrancaron
postes –dice una vecina- para usarlos de lanzas contra la policía. Esto es
maldad".
El año pasado, antes de las elecciones, el ayuntamiento de Convergencia i
Unió pagó el alquiler para mantener contentos a los okupas. Por eso, el
enfrentamiento es también político. Por un lado, el partido lo justifica: "eso
nos permitía ganar tiempo y poder negociar con ellos", dice Joaquim Forn, de
CiU.
Por otro, la alcaldesa de la ciudad dice que eran 5.000 euros al mes,
inasumibles: "hemos hecho lo que hemos podido, que era mediar", señala Ada Colau. Una mediación sin éxito que no evitó los disturbios, y que algunos no
condenan.
La diputada de la CUP Anna Gabriel se niega a hablar del tema mientras
concejales de su partido dan su apoyo a los alborotadores. "Ni un paso
atrás", dicen. La tarde del martes estaba convocada otra manifestación de
protesta y los Mossos d’Esquadra avisan que si se repite la violencia,
intervendrán con contundencia.
