El desafío independentista ha provocado una unidad de criterio entre los jueces con escasos precedentes en la historia de España pues todas las asociaciones llaman a desobedecer las leyes catalanas suspendidas. Un comunicado de las asociaciones de jueces dice que "una autoridad que conscientemente se rebela contra la norma constitucional que la legitima, pierde el carácter de la autoridad y no tiene que ser obedecida".
Sin embargo, en otros aspectos relacionados con el desafío soberanista, las opiniones de los jueces varían. Por ello, Manuel Amenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, e Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, debaten sobre este asunto en 'Un Café con Susanna'.
Preguntados sobre una posible detención del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras escuchar las declaraciones del Fiscal general del Estado en Onda Cero, Manuel Amenar explica que los jueces solo se pronuncian por hechos que ya se han producido y subraya que "habrá que esperar a ver qué actuaciones se le imputan para justificar la adopción de la medida cautelar. Pero a quien le corresponde la decisión sobre cualquier medida que afecte a derechos fundamentales, es al juez de instrucción que esté llevando a cabo las diligencias".
Por su parte, Ignacio González, de Jueces para la Democracia, considera que la situación de Cataluña es inédita y grave, pero cree que las palabras de Maza lo que hacen es añadir "más leña al fuego" y subraya que "son unas palabras inoportunas". Además dice no ver la necesidad de lanzar una amenaza sobre la detención de Puigdemont y cree que "las medidas han de ser proporcionales" porque se trata de una medida privativa de libertad, algo que debe ser justificado y proporcional.
Amenar responde, en cambio, que las declaraciones de Maza "se enmarcan en el derecho de la libertad de expresión del Fiscal".
Preguntado sobre la actuación de la Fiscalía, Ignacio González Vega considera que "ha utilizado el tema de la sedición de una forma instrumental para llevar estas actuaciones a la Audiencia Nacional" y considera un poco exagerada la actuación del Ministerio Fiscal "porque con delitos contra el orden público es más que suficiente para proteger la tranquilidad en la calle" y "que no haya que recurrir a estas palabras gruesas y estigmatizar a una parte de la sociedad española".
Sobre un escrito de Baltasar Garzón en el diario 'El País' en el que dice que la Audiencia Nacional no es competente para instruir ni juzgar el delito de sedición cuando no hay violencia, así como tampoco lo es para el de rebelión en caso de que haya violencia, Amenar considera que la Fiscalía actúa conforme a las actuaciones que dicta el Fiscal General del Estado y considera que hay que analizar cuáles son las circunstancias que concurren para actuar.
En cuanto a si las protestas que se han dado en Cataluña en los últimos días pueden ser investigadas como un delito de sedición, Amenar considera que "cualquier tipo de actuación que tenga por objeto presionar al Poder Judicial, supone vaciar de contenido al Estado de Derecho y retrotraernos a épocas preconstitucionales", por lo que insiste en que hay que estudiar si la presión a los tribunales fue efectiva y quién generó las protestas frente a la Ciudad de la Justicia de Cataluña.
Por su parte Ignacio González cree que el la Fiscalía General del Estado está ejerciendo un papel agresivo pero matiza que es difícil para un juez calificar las actuaciones que se están produciendo con tan solo ver unas imágenes.
En su artículo, Baltasar Garzón también critica la orden de citar a declarar a 700 jueces por firmar un documento en el que aseguran que van a ceder locales para votar. Una crítica con la que está de acuerdo Ignacio González Vega, quien considera que "es cuestionable que estemos ante unos hechos de naturaleza delictiva porque todavía no se han producido estos hechos por los que tienen que declarar" y subraya que "se está acudiendo a medidas totalmente desproporcionadas y se están poniendo en riesgo derechos fundamentales" por lo que insiste en que "hay que ser muy prudente y muy cauto".
Además insiste en que aunque Maza haya matizado sobre la citación de los alcaldes, González Vega cree que "las palabras del Fiscal General son amenazantes" y critica que aunque el desafío soberanista sea un problema político el protagonismo lo tengan los policías, jueces y fiscales.
González Vega tacha de "irresponsabilidad" por parte de los políticos no sentarse a negociar porque en muchas ocasiones se habla de temas que están copados por "sentimientos que no se pueden discutir".
El Tribunal de Cuentas de a Artur Mas y otros cargos políticos un plazo de 15 días para pagar una multa de más de 5 millones de euros por el 9-N. Para ayudar a pagar la multa se ha abierto una caja, una acción que Manuel Amenar compara con las "cajas de resistencia de los sindicatos", una "cuestión privada" y legítima.
Preguntados sobre la reunión con el mando único a la que no asistió el Major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, los entrevistados consideran que no puede jugarse la inhabilitación porque es una cuestión que no tiene ningún tipo de importancia en el ámbito judicial.
