MACROJUICIO POR LA RED DE PROTITUCIÓN

MACROJUICIO POR LA RED DE PROTITUCIÓN

El dueño del 'Riviera' admite relaciones con mandos policiales de toda España

El dueño del club "Riviera" Antonio H., que ha gestionado una decena de burdeles en la Península, ha admitido su amistad con un presunto comisario corrupto de la Policía Nacional, a cuyo hijo pagó una consulta médica, así como contactos con altos mandos de cuerpos policiales de toda España.

Varios de los acusados en el banquillo de la Audiencia de Barcelona
Varios de los acusados en el banquillo de la Audiencia de Barcelona | EFE

Antonio H. ha declarado hoy en la Audiencia de Barcelona en el juicio que se sigue contra él y una veintena de personas, que presuntamente integraban una supuesta trama de corrupción policial que, a cambio de regalos y dinero, protegía a prostíbulos, entre ellos los macro-burdeles 'Riviera' y 'Saratoga' de Castelldefels (Barcelona).

El empresario no ha tenido reparos en reconocer sus contactos con altos mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y hasta la Ertzaina, como se desprende de una conversación intervenida en la que el dueño del Riviera alude a una comida de Navidad que iba a celebrar con "un coronel, un comandante y un capitán".

El acusado fue propietario no solo del 'Riviera', clausurado por orden judicial desde 2009, sino de una decena de burdeles más repartidos por toda la geografía española, y también administra una empresa de seguridad encargada de vigilar los clubes donde, ha afirmado, habría empleado a exmiembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como a un exalto cargo de la Ertzaina.

En esos presuntos contactos con responsables policiales ha enmarcado Antonio H. su relación con el comisario Luis G., que afronta una pena de 17 años por avisar de redadas a los dueños de burdeles, y ha reconocido la "amistad" que le une a él, a cuya familia ha hecho varios favores.

Concretamente, el empresario ha explicado que conoció a Luis G. en 2002, a raíz de una redada en el 'Riviera' en la que habría recibido un buen trato personal por parte de la Policía Nacional, por lo que una vez cerrado el caso acudió a la comisaría para agradecérselo. Eso fue el inicio de una relación de amistad, en la que Antonio H. ha admitido que pagó al menos una consulta médica al hijo de Luis G., adicto a la cocaína, y que posteriormente empleó en sus empresas de seguridad a dos de los hijos del comisario.

"Estamos acostumbrados a dar y recibir detalles"

Años después, conoció al inspector jefe de Extranjería Abundio N., responsable de las redadas en burdeles y que afronta 17 años de cárcel, y acabó entablando con él una relación próxima, por lo que tenía su teléfono móvil personal y en 2007 le regaló una caja de vinos: "Son fechas en las que todos estamos acostumbrados a dar y recibir detalles", ha justificado el empresario.

Pese a insistir en que nunca ha pagado sobornos a ningún policía para ser avisado de redadas, Antonio H. ha reconocido que acabó siendo amigo del también imputado Manuel N., agente de la brigada de Extranjería de la Policía Nacional, al que ofreció trabajo en una empresa suya.

El Fiscal ha preguntado en repetidas ocasiones al dueño del 'Riviera' por las condiciones de vida de las prostitutas del burdel, que según la versión del acusado pagaban 75 euros por noche a los dueños del club por hospedarse en el hotel anexo, sin entregarles porcentaje alguno de lo que recaudaban con sus servicios sexuales, lo que supondría un delito de favorecimiento de la prostitución.

El dueño del 'Riviera' ha negado que su local seleccionara a las mujeres que podían alojarse en el hotel anexo en función de su aspecto físico, que fueran controladas por las llamadas "mamis" o "gobernantas" y que se les obligara a ingerir hormonas para retrasar o eliminar la menstruación y que así pudieran trabajar más.

"El médico les manda un medicamento, y ellas se lo pagan. El 'Riviera' no tiene nada que ver con eso", ha afirmado Antonio H., pese a las recetas médicas que los Mossos d'Esquadra intervinieron en las oficinas del club. En el juicio también ha declarado hoy Ignacio L., expolicía nacional que afronta 16 años de cárcel y quien ha insistido en que nunca ha recibido dinero ni regalos de ningún propietario de burdel. "Como así reflejan mis cuentas", ha añadido.

El acusado, que desde 2008 trabaja en la seguridad de una marca de relojes, ha admitido solo que en una ocasión llamó a un contacto en los Mossos d'Esquadra para averiguar si el encargado del Saratoga iba a ser detenido, por un favor personal que le pidió el exinspector jefe Andrés O., también entre los acusados.

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