El alcalde de Santiago de Compostela, Gerardo Conde Roa

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Galicia

Dos años de prisión para el ex-alcalde de Santiago de Compostela por fraude fiscal

El exalcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, ha sido condenado a dos años de cárcel por fraude fiscal. La titular del Juzgado de Santiago de Compostela, María Jesús García Pérez, sostiene que el exalcalde de la capital gallega actuó con "dolo evidente" al no abonar 291.000 euros del IVA en 2010 por la venta de 61 viviendas de Geslander, la promotora de la que era administrador.

La titular del Juzgado de lo Penal Número 1 de Santiago de Compostela, María Jesús García Pérez, sostiene que el exalcalde de la capital gallega -el popular Gerardo Conde Roa- actuó con "dolo evidente" al no abonar 291.000 euros del IVA en 2010 por la venta de 61 viviendas de Geslander, la promotora de la que era administrador.

Además, la magistrada rechaza la "postura" del exregidor popular y de su defensa, centrada en "aparentar falsa ignorancia, querer culpar a no imputados ni acusados -como sus asesores en materia fiscal- y dando un paso más al negar el comportamiento doloso que el delito requiere".

La contundente sentencia ratifica que Conde Roa y la "coacusada" -la promotora Geslander- "son lo mismo" y entiende, además, que éste mostró "falsa ignorancia y falsa buena voluntad" al acudir en "en persona" a ver a un inspector fiscal y manifestar "intención de pagar que en nada se materializó".

Así lo constata el fallo judicial comunicado en la pasada jornada al exalcalde, quien dimitió en abril de 2012 tras ser imputado por fraude fiscal y al que ahora se condena por un delito de esta índole a dos años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de sufragio pasivo durante el mismo periodo, así como a una multa de 582.000 euros, "el doble de la cantidad defraudada".

La sentencia, que la defensa de Conde Roa prevé recurrir -para lo que tiene un plazo de dos días-, condena también al exalcalde a cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio del comercio inmobiliario, así como a la "pérdida de la posibilidad" de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años y seis meses.

En cuanto a la rebaja de la pena que inicialmente pedía la Fiscalía, de dos años y medio de cárcel y una multa que triplicase la cuota defraudada, la sentencia alude a la "no gran cuantía en comparación con otros casos", por la que "debe dejarse abierta la puerta a una condena condicional con prisión de dos años pese a la dificultad de cubrir la responsabilidad civil. Conde Roa no ingresará en prisión al no tener antecedentes.

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