DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA IDEA

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Dimite un alto cargo de la Junta imputado en el caso de los ERE

Antonio Valverde Ramos, imputado junto a otros responsables de las agencias andaluzas IFA e IDEA, ha puesto su cargo a disposición del Gobierno de Susana Díaz. La Fiscalía Anticorrupción pidió para él una fianza de 3,6 millones de euros.

Antonio Valverde Ramos
Antonio Valverde Ramos | EFE

Antonio Valverde Ramos, director general de la agencia andaluza IDEA e imputado en el caso de los ERE, ha puesto su cargo a disposición del consejero de Economía, han informado fuentes de la Junta. Valverde compareció el pasado día 17 ante la juez de los ERE, Mercedes Alaya, y la Fiscalía Anticorrupción pidió para él una fianza de responsabilidad civil de 3.600.000 euros.

El alto cargo, que se acogió a su derecho a no declarar, fue imputado junto a otros responsables de las agencias andaluzas IFA e IDEA, que canalizaron las ayudas investigadas. Según el auto de imputación, Valverde ocupó el cargo desde diciembre de 2009 hasta la actualidad y por razón de su cargo "tenía conocimiento del déficit de financiación que existía en la Agencia IDEA de las ayudas del programa 31 L", a través del que se pagaban las ayudas investigadas.

A pesar de ello, participó en la elaboración de los Convenios suscritos con la Dirección General de Trabajo para el otorgamiento de ayudas hasta la Orden de la Consejería de Empleo de abril de 2010, que formalizó el pago a través de las llamadas encomiendas de gestión. De esta manera, desapareció el concepto de transferencia de financiación para la concesión de subvenciones, "a la que tantos reparos había opuesto la Intervención General de la Junta de Andalucía", sostiene el auto.

Según Alaya, este cambio de criterio presupuestario "no supuso que a partir de ese momento el otorgamiento de ayudas sociolaborales se adecuara al procedimiento legalmente establecido", sino que con él, IDEA "continuó pagando las subvenciones que la Consejería de Economía siguió concediendo al margen del procedimiento legal establecido y sin fiscalización".

Por ello, la juez de los ERE imputó a Valverde presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, y desestimó la alegación del alto cargo de que su declaración debía suspenderse hasta que se incorporase a la causa el atestado de la Guardia Civil sobre las agencias IFA e IDEA. Alaya no accedió a tal solicitud porque "existen en la causa indicios suficientes sobre el papel desempeñado por IFA/IDEA y sobre la presunta responsabilidad del señor Valverde", a la vista de lo cual el imputado se acogió a su derecho a no declarar.

Valverde Ramos, una de las 183 personas imputadas por los ERE, se encuentra entre los escasos altos cargos de la Junta que siguen al frente de sus responsabilidades tras ser inculpados.

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