El exsocio de Urdangarin, Diego Torres, a su llegada los juzgados de Palma

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ACUSADO DE DEFRAUDAR A HACIENDA

Diego Torres no quiere declarar

El ex socio de Iñaki Urdangarín se acoge a su derecho y no habla ante el juez. Castro lo había citado tras imputarle un nuevo delito fiscal. Se le acusa de no haber abonado las cuotas del IRPF.

Diego Torres, ex socio del Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro, quien tenía previsto interrogarle tras imputarle un nuevo delito fiscal.

Así, Torres sólo ha permanecido diez minutos ante el magistrado. Castro volvió a citar al imputado después de recibir un nuevo informe de la Agencia Tributaria en torno a las presuntas irregularidades cometidas a través del conglomerado empresarial de Nóos, y que se hacía eco de indicios que apuntan a que Torres habría defraudado a Hacienda a través del IRPF correspondiente al ejercicio fiscal 2007.

Durante la instrucción de esta causa, ya le fueron localizados a Torres unos 900.000 euros depositados en el banco Credit Suisse de Luxemburgo. Sin embargo, el ex socio de Urdangarín, al ser preguntado sobre este dinero, defendió que se trataba de ahorros "de toda la vida", justificando que los trasladó allí desde una cuenta de Andorra puesto que "dudaba de la fiabilidad" del sistema bancario andorrano.

Se trata de unos depósitos cuya titularidad está en manos de Torres y que presuntamente salieron de la trama Nóos. Finalmente fueron bloqueados por el juez durante el curso de la instrucción del caso.

El pasado mes de febrero, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 ya interrogó tanto a Torres como al Duque de Palma en torno a un supuesto fraude fiscal de unos 470.000 euros, de acuerdo a los datos suministrados a principios de año por la Agencia Tributaria y en base a los cuales la Fiscalía imputa a ambos un delito contra la Hacienda Pública por el impago del Impuesto de Sociedades y dos por el IRPF en el caso del marido de la Infanta Cristina.

Y es que, según la documentación, Hacienda les atribuye haber defraudado un total de 230.979 euros del impuesto de sociedades a través de Nóos durante el año 2007, mientras que eleva a más de 120.000 euros cada una de las cuotas del IRPF que habría defraudado el yerno del Rey Don Juan Carlos en 2007 y 2008.

En concreto, la Agencia Tributaria eleva a al menos 230.979 euros la cantidad que en 2007 Nóos, aparentemente sin ánimo de lucro, habría eludido abonar a Hacienda por el Impuesto de Sociedades, presentando para ello gastos ficticios. Unos gastos que según Hacienda y el Ministerio Público eran "irreales", por lo que "no  podían deducirse válidamente".

Entre los gastos analizados por Hacienda se encontraban los procedentes de supuestos servicios prestados por sociedades relacionadas con ambos encausados cuyas facturas "no responden a servicio real alguno".

El dictamen destaca cómo "con mucha frecuencia" las facturas se emitían bajo conceptos "extremadamente genéricos o imprecisos", la mayoría de ellas tenían importes "redondos" al tiempo que se han verificado, además, duplicidades respecto a proveedores externos del conglomerado empresarial, "incongruencias" así como "casos notorios de inexistencia del servicio pretendidamente prestado y, en el extremo, de falsificación material de la propia factura".

Tal y como pone de manifiesto el fisco, las entidades que integraban el grupo devienen "meros instrumentos para drenar y distribuir los recursos obtenidos por medio de la marca Nóos entre sus dos propietarios y dirigentes, los imputados señores Torres y Urdangarín". De hecho, la Agencia Tributaria llega a aludir a la trama como un "puro andamiaje jurídico formal".

En lo que al sistema de reparto entre los socios se refiere, Hacienda señala que entre 2004 y 2005, bajo la presidencia de Urdangarín, las facturas que recibieron el Instituto Nóos y Nóos Consultoría de las demás entidades del conglomerado ascienden aproximadamente a una tercera parte del total de ingresos obtenidas por ambas. Ese tercio, a su vez, se repartía al 50 por ciento entre el Duque, a través de la mercantil que comparte con la Infanta Cristina (Aizoon) y su ex socio a través de sus sociedades.

Un esquema que, según los inspectores de Hacienda, tuvo que adaptarse a la nueva situación originada por el "alejamiento" del Duque de los negocios con el sector público, y por tanto "su imposibilidad de facturar a Nóos como venía haciendo hasta aquel entonces". En efecto, indica, se constata que en ese año "se produce una escisión de las actividades prestadas hasta entonces por las entidades Nóos": por un lado "Aizoon (Urdangarín) y, por otro, las entidades Nóos (Torres)".


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