Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves a seis personas que han sido identificadas por la policía catalana como supuestos participantes en los disturbios de la huelga general del pasado 29-M, de los que tres están acusados de quemar una cafetería Starbucks del centro de Barcelona.
Según han informado fuentes policiales, cuatro de los detenidos han sido arrestados en Barcelona -tres por quemar el Starbucks de la plaza Urquinaona- y otros dos en Tarragona, por participar supuestamente en los alborotos del campus de la Universidad Rovira i Virgili y en otros desórdenes públicos en la ciudad.
De los cuatro detenidos en Barcelona, uno de ellos participó supuestamente, además de en la quema del Starbucks, en los destrozos que sufrió El Corte Inglés de Plaza Cataluña, donde un grupo provocó daños en una puerta y en los escaparates.
Precisamente, el cuarto detenido en Barcelona está acusado de participar en el ataque a El Corte Inglés, según las mismas fuentes. Este cuarto detenido en Barcelona es Enrique C.A., un joven de 25 años y nacionalidad española que tiene antecedentes por daños, amenazas y tenencia de armas o explosivos, según las mismas fuentes.
Según los Mossos d'Esquadra, los daños causados a la cafetería se elevan a 72.000 euros, mientras que los de El Corte Inglés han sido cuantificados en 43.000 euros. A los detenidos en Barcelona, que también causaron supuestamente destrozos en entidades bancarias, los Mossos les acusan de los delitos de incendio, desórdenes públicos, daños y contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas.
Los detenidos en Tarragona están acusados de cruzar contenedores en la vía, lanzar objetos a comercios, lanzar piedras a una sede local del PP en Tarragona y agredir a un agente de los Mossos d'Esquadra. Las detenciones se han practicado en el marco de un dispositivo policial desplegado entre la mañana y primera hora de la tarde, según las mismas fuentes.
Los detenidos en Barcelona por la quema del Starbucks son Carlos F.H., de 24 años y nacionalidad española, que acumula varios antecedentes por delitos contra el orden público, ocupación de inmuebles y delitos contra el patrimonio; y Laura M.C., de 21 años y nacionalidad española, a la que no le constan antecedentes.
El tercer detenido por participar en la quema de la cafetería y provocar daños en los grandes almacenes es Pedro Pablo Alejandro M.R., de 28 años y nacionalidad colombiana, que acumula antecedentes por delitos contra la seguridad colectiva y faltas contra el orden público y amenazas. Los cuatro detenidos en Barcelona pasarán a disposición judicial en los próximos días, según la policía catalana.
Por su parte, los dos detenidos en Tarragona, que según los Mossos d'Esquadra pasarán mañana a disposición judicial, son Robert M.M., de 18 años y nacionalidad española, acusado de daños, desordenes públicos y coacciones, y Josep Maria M.C., de 28 años y nacionalidad española, acusado de daños, desordenes públicos, coacciones y contra la seguridad del tráfico.
El Ayuntamiento de Tarragona cifró en 51.000 euros los daños sufridos por el patrimonio urbano durante la jornada de huelga, mientras que la Rovira i Virgili cuantificó en casi 9.000 euros los daños en su aparcamiento.
Los incidentes de la huelga general se saldaron con 79 detenidos -tres de los cuales aún siguen en prisión preventiva- y más de un centenar de heridos, en una batalla campal que dejó imágenes de destrozos que fueron portada en los principales periódicos del mundo.
Tras aquellos incidentes, el conseller de Interior, Felip Puig, advirtió sobre la extensión de las "guerrillas urbanas" y anunció que los Mossos d'Esquadra podrían llevar a cabo nuevas detenciones a partir de las imágenes obtenidas por la Unidad central de Información en orden público, como finalmente ha ocurrido.
Precisamente, esta unidad, de nueva creación, ha sido la que ha identificado a partir de las imágenes de los incidentes a los seis detenidos de hoy, sobre los que pesan varios elementos incriminatorios, según las mismas fuentes.
Tras la batalla campal del 29M, el Gobierno central y la Generalitat han iniciado una ofensiva para endurecer el código penal para castigar con mayor dureza a los alborotadores.
En Cataluña, el conseller Felip Puig ha advertido que los grupos de "guerrilla urbana" ya aglutinan a alrededor de 2.000 personas, por lo que ha anunciado que incrementará las unidades antidisturbios en cien efectivos y que creará una web en la que colgarán imágenes sobre los incidentes para que los ciudadanos puedan delatar a los alborotadores.
