El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar como imputados a cinco empresarios que aparecen como donantes de dinero al PP en los llamados papeles de Bárcenas de la supuesta contabilidad B del partido.
El juez acordó citar esta semana a un total de diez empresarios y al presidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, en respuesta a la petición de ampliación de la querella de Izquierda Unida (IU) que dio lugar a la apertura de la investigación de la caja B del PP.
Hoy deberán declarar Rafael Palencia (presidente de Dregemont Iberia y relacionado con Generales dex Eaus), Cecilio Sánchez (directivo de FCC), Camilo José Alcalá (presidente de Cyopsa-Sisocia), José Antonio Romero (del Grupo Romero Polo) y Antonio Pinal (consejero delegado de Bruesa). Mañana están citados en la Audiencia Nacional José Luis Suárez (de Construcciones Parreño), Joaquín Molpeceres (del grupo Licuas), Ramón Aigé (presidente de Sorigue-Acsa) e Ignacio Urgatxe (consejero delegado de Urazca Construcciones).
El viernes, Ruz ha emplazado a Juan Cotino y a su sobrino Vicente Cotino, empresario que aparece también como donante en los papeles. En principio, el juez se iba a desplazar a Valencia para tomar declaración en su despacho oficial a Cotino, pero finalmente éste le hizo saber que estaba dispuesto a desplazarse a Madrid y comparecer en la Audiencia Nacional para dar explicaciones de por qué aparece como supuesto receptor de 200.000 euros anotados en la supuesta contabilidad paralela del extesorero del PP Luis Bárcenas.
El juez le citó una hora después que a su sobrino, que declarará imputado como administrador único de Asedes Capital y de Sedesa por sus presuntas donaciones en negro al PP nacional reflejadas también en los llamados papeles de Bárcenas. Los diez nuevos empresarios imputados se suman a los siete que ya lo estaban al ser admitida en febrero la querella de IU, acusación popular que considera que todos los querellados en el caso Bárcenas, tanto los empresarios como los encargados de las cuentas del PP, podrían haber cometido un delito contable.
IU cree que falseaban las cuentas de las empresas o del partido para ocultar el "dinero negro" que daban al PP, en unos casos, o "el dinero entregado por los empresarios", entre otros.
