La polvareda por la excarcelación de 63 etarras se ha ido posando en un silencio que el colectivo solo rompió el 4 de enero para hacerse la foto, mientras que algunos violadores han reincidido y han vuelto a prisión.
El 21 de octubre de 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) puso fin a la respuesta que el Supremo había dado siete años antes a un recurso del etarra Henri Parot. Pedía acumular en una las veintiséis penas de condena, a lo que el alto tribunal contestó con un nuevo criterio de aplicación de los beneficios penitenciarios.
Nacía así en 2006 la doctrina Parot, que establecía que las redenciones de penas por beneficios penitenciarios debían descontarse de cada una de las condenas impuestas, no del tiempo máximo del cumplimiento, de tal forma que en la práctica se alargaba el tiempo en prisión.
Fue la etarra Inés del Río, miembro del comando Madrid y condenada a más de 3.000 años por 23 asesinatos, la que llevó a la corte de Estrasburgo el recurso contra la aplicación de esta doctrina. Ganó, fue excarcelada tras 26 años en prisión e inició una salida en cadena de terroristas (63 de ellos etarras), asesinos en serie y violadores.
Aunque la decisión del tribunal europeo era esperada, supuso un jarro de agua fría para el Gobierno de Mariano Rajoy, que había defendido hasta la saciedad esa doctrina por cuanto había supuesto para la lucha antiterrorista. Pero sobre todo, fue la peor noticia que podrían recibir las víctimas, que llegaron a movilizar a decenas de miles de personas y a enfrentarse incluso al partido, el PP, que les había acompañado en la pancarta en numerosas ocasiones.
Distinta fue la reacción de la izquierda abertzale, que vio en la derogación de la Parot un paso hacia la paz. También el Gobierno vasco del PNV valoró la decisión, que enmarcó en una "oportunidad" para repensar la política penitenciaria. Ni las críticas de las víctimas, ni la puerta abierta que el Gobierno dejó a la "ingeniería jurídica" para ralentizar las excarcelaciones, pudieron evitar el rápido goteo de las mismas, avaladas por el Tribunal Supremo, que apenas veinte días después dio la puntilla a la doctrina.
Y en mes y medio prácticamente todos los etarras -entre ellos el autor de la matanza de Hipercor, Domingo Troitiño; el asesino de la exdirigente de la banda "Yoyes", Jose Antonio López Ruiz "Kubati", o el que fuera jefe de los comandos Juan Lorenzo Lasa Mitxelena "Txikierdi"- estaban ya en sus casas.
Junto a ellos salió de prisión una quincena de delincuentes comunes con más de dos condenas, entre quienes se encontraban los violadores del portal, del ascensor y del estilete, o el asesino de las niñas de Alcàsser, Miguel Ricart.
Contra todos los pronósticos, la polémica que generó la salida de la cárcel de los etarras se calmó pronto, y solo la foto que se hicieron en Durango (Vizcaya) el 4 de enero devolvió a la actualidad a estos expresos, de los que apenas se ha sabido nada hasta este momento.
Más ruido provocó la salida a la calle de violadores y asesinos, hasta el punto de que en algunas localidades los vecinos llegaron a formar brigadas para vigilar los pasos de estos exreclusos. O como el caso de Ricart. El rechazo de los ciudadanos, incluido de su familia, le obligó a irse clandestinamente a Francia.
Lo habían avisado por activa y por pasiva las asociaciones de mujeres, psiquiatras, psicólogos, expertos penitenciarios y víctimas: los violadores no se reinsertan. Todo lo contrario, antes o después, casi con toda seguridad reinciden.
Vaticinios que no han tenido que esperar mucho tiempo para verse cumplidos. En prisión desde abril está Félix Vidal Anido, 'el violador del estilete', por intentar agredir a una mujer. Solo habían pasado cuatro meses de su excarcelación. Se confirmaban así los peores presagios de la anulación de la Parot, dijo entonces el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez.
Pablo García Ribado, conocido como 'el violador del portal', ha sido detenido este mismo mes en Guadalajara por abusos sexuales. Había sido excarcelado en noviembre del año pasado. Actualmente ofrecía sus servicios con una identidad falsa como fisioterapeuta a domicilio en las localidades guadalajareñas de Torija y Trijueque.
