El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley sobre la actividad financiera de los partidos políticos y otro sobre regulación del ejercicio de cargos públicos, medidas a las que se comprometió el Gobierno para la regeneración democrática. Entre los aspectos más importantes de esta norma nos fijamos en los siguientes puntos:
A partir de ahora se prohibirá que las empresas hagan donaciones a los partidos políticos. Y las donaciones de personas físicas se limitarán a 100 mil euros. Las donaciones indebidas que reciban los partidos tendrán que ser devueltas a los donantes o ingresadas en el Tesoro y se obliga a todos los partidos, y no sólo a los que reciban subvenciones, a presentar sus cuentas al Tribunal de Cuentas.
La norma, que reforma tres leyes -la de financiación de partidos, la ley de partidos políticos y la ley del Tribunal de Cuentas-, introduce un mayor "control", "fiscalización" y "transparencia". Así, los partidos estarán obligados a publicar en su web todas sus cuentas y los créditos recibidos, los plazos de amortización y los datos de la entidad bancaria, además de todas las subvenciones y donaciones de más de 50.000 euros que reciban.
El control parlamentario también se refuerza con la obligación de que el responsable económico financiero de los partidos comparezca en el Parlamento para explicar la contabilidad una vez que el Tribunal de Cuentas haya emitido el correspondiente informe de fiscalización.
También se contempla el cobro de las sanciones impuestas a los partidos en periodo ejecutivo por la Agencia Tributaria y será obligatorio para las formaciones políticas establecer un procedimiento normalizado de contratación. Asimismo, se reconoce la capacidad de creación de partidos políticos a todos los ciudadanos de la Unión Europea y obligará también a todas las fuerzas políticas inscritas en el Registro de Partidos a actualizar sus estatutos en los plazos que marque la ley.
En cuanto a las condenas las personas condenadas por terrorismo no podrán ser altos cargos de la Administración General del Estado mientras no se cancelen sus antecedentes penales, una propuesta que ha contado con el aval del Consejo de Estado.
Esta norma recoge los requisitos que deben cumplir los altos cargos, como la exigencia de una declaración responsable, al tiempo que regula su régimen retributivo, fija un control de los gastos de representación o crea un sistema de alta temprana de conflictos de intereses.
Además, la ley incluye un refuerzo de la oficina de conflicto de intereses, un aspecto que la Comisión Europea había pedido reforzar, según ha declarado Sáenz de Santamaría. "Así se lleva a cabo en esta ley", ha recalcado.
