María Dolores de Cospedal, ha afirmado que las reformas estructurales que lleva a cabo el Gobierno tienen como único fin sentar las bases del crecimiento económico, aunque ha reconocido que se han tratado de "difíciles decisiones" pero necesarias para salir de la crisis.
Cospedal ha hecho esta reflexión en una reunión que se ha celebrado en la sede nacional del PP con presidentes provinciales e insulares del partido, en la que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha explicado las reformas que está realizando su departamento. Esta reunión, en la que también ha estado el vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, es continuación de la celebrada este viernes en la que comparecieron los ministros de Industria y Agricultura, José Manuel Soria y Miguel Arias Cañete, respectivamente.
Según una nota de prensa del PP, Cospedal ha señalado en este encuentro, celebrado a puerta cerrada, que su partido "seguirá explicando a la sociedad" esas reformas estructurales. Ha subrayado además que las medidas puestas en marcha, y otras sobre las que se está trabajando, tienen como único fin sentar las bases del crecimiento económico de España y promover así la salida de la crisis y la creación de empleo. También ha instado a los presidentes populares "a seguir trabajando para trasladar a la ciudadanía la importancia de las reformas", así como a preparar los próximos comicios electorales.
La dirigente popular ha hecho referencia a las "difíciles decisiones" que el Ejecutivo ha tenido que tomar y ha añadido que de ahí la importancia de que el partido "sirva de altavoz de toda la acción de Gobierno, para que todos los ciudadanos sepan el porqué de cada una de las reformas y qué se pretende con cada una de ellas".
Alberto Ruiz-Gallardón, según la nota de prensa, ha comenzado su intervención haciendo un diagnóstico de la situación actual del poder judicial y ha explicado que "no está al mismo nivel de eficacia que otros servicios públicos". En este sentido, el ministro de Justicia ha querido destacar que "las resoluciones judiciales son justas, pero es injusta su tardanza en la forma de funcionar".
Partiendo de la base de una carencia de recursos económicos, ha recordado que España, frente a otros países de la UE, tiene una "excesiva litigiosidad", de tal forma que de 47 millones de habitantes en 2012 hubo 9,5 millones de asuntos judiciales.
