El Constitucional elige presidente

El presidente en funciones del tribunal, Javier Delgado, convocó la reunión el pasado día 13, sólo veinticuatro horas después de que tomaran posesión los cuatro magistrados designados -con 3 años de retraso- por el Senado: el ex presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Francisco José Hernando y los catedráticos Adela Asúa, Luis Ortega y Francisco Pérez de los Cobos. 

No obstante, y en previsión de que el PSOE y el PP alcanzaran en la Cámara baja un acuerdo que permitiera renovar también a los tres magistrados que permanecen en funciones desde el pasado mes de noviembre y cubrir la vacante causada por el fallecimiento en mayo de 2008 de Roberto García-Calvo, Delgado se mostró dispuesto ante los grupos parlamentarios a aplazar el pleno. 

El PSOE y el PP, sin embargo, mantienen sus diferencias, ya que los socialistas continúan sin aceptar al ex portavoz del CGPJ Enrique López como candidato, y los populares -que ya quisieron designarle magistrado por el turno del Senado- insisten en proponer su nombre. 

Queda así de manifiesto que la llamada de atención a la clase política hecha la semana pasada por la presidenta saliente, María Emilia Casas, que acusó a los partidos de "infringir" las previsiones constitucionales que ordenan renovar por tercios el tribunal cada cuatro años, no ha surtido ningún efecto. 

Así las cosas, los once magistrados que componen el Constitucional se reúnen a partir de las 11:00 horas con la misión de designar un presidente y un vicepresidente en un escenario inédito, ya que las nuevas incorporaciones han roto el equilibrio de fuerzas entre progresistas y conservadores en el tribunal, en el que ahora los primeros son clara mayoría. 

La lógica matemática lleva a pensar que el nuevo presidente saldrá del bloque progresista y, aunque no hay candidaturas formales, en todas las quinielas aparecen los nombres de Manuel Aragón y Pascual Sala, con cierta ventaja para este último, ya que el primero se enfrentó a sus compañeros de bloque cuando se alineó junto a los conservadores en la sentencia del Estatuto catalán. 

Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la elección de presidente, en la que cada uno de los miembros del pleno señalará a su favorito con una cruz en una lista en la que figurarán los nombres de todos los magistrados, requiere la mayoría absoluta en la primera votación, es decir, al menos seis apoyos. 

Si nadie la consigue, habrá una segunda votación para la que sólo hará falta mayoría simple, mientras que, en caso de empate, el magistrado con más antigüedad -y si persiste la igualdad el de mayor edad- será el designado para ocupar la presidencia.