Centenares de personas, convocadas por ANC y Òmnium, se concentran ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

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POR INTENTAR "INFLUIR EN SU TOMA DE DECISIONES"

El Consejo General del Poder Judicial denuncia el "ataque directo y sin paliativos" que sufren los jueces catalanes

El CGPJ critica en un comunicado la concentración de cientos de personas frente al Palacio de Justicia de Barcelona, sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para protestar por la operación de la Guardia Civil contra los organizadores del 1-O.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza los "ataques y presiones que pretendan cuestionar la legitimidad de los jueces o influir en su toma de decisiones", en referencia a la concentración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para pedir la libertad de los 14 detenidos este miércoles. A través de una declaración institucional, el órgano de gobierno de los jueces considera esta acción "inadmisible en cualquier circunstancia", pues "supone un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial", poniendo en entredicho uno de los fundamentos esenciales de cualquier Estado constitucional.

Cientos de personas se concentran frente al Palacio de Justicia de Barcelona, sede del TSJC, para protestar por la operación de la Guardia Civil contra los organizadores del 1-O, como continuación de la concentración que congregó este miércoles a unas 40.000 personas ante la sede del departamento de Economía y Hacienda. Ante esta situación, el CGPJ quiere "mostrar su apoyo a todos los miembros de la carrera judicial que, en defensa del Estado de Derecho, que rige nuestra convivencia, prestan sus servicios en Cataluña".

El Consejo manifiesta su "más absoluto respeto" a los derechos de libertad de expresión y de manifestación y recuerda que están "plenamente vigentes" en Cataluña y en el resto del España, gracias a la Constitución. Al respecto, considera imprescindible "reafirmar en estos momentos que la actuación del poder judicial persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos en nuestro ordenamiento jurídico". Es por ello que defiende que "el cumplimiento de su deber por parte del poder judicial no puede verse sometido a ataques y presiones que pretendan cuestionar la legitimidad de los jueces o influir en su toma de decisiones".

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