Comienzan los trámites para contratar vigilancia privada en el exterior de las cárceles

El Ministerio del Interior ha iniciado los trámites para la contratación de vigilantes privados, entre ellos algunos escoltas del País Vasco y Navarra que han dejado de proteger a personas amenazadas por ETA, para asumir la seguridad exterior de los centros penitenciarios.

Fuentes de este departamento han asegurado que varias empresas del sector de la seguridad privada han presentado su petición para hacerse con la vigilancia externa de las prisiones, aunque Interior no ha adjudicado todavía ningún contrato que, según indican, se formalizará con diferentes empresas.

Como ya anunciaron fuentes del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, Interior pondría en marcha un plan de privatización de parte del servicio de seguridad en 21 prisiones.

Los vigilantes privados sustituirán a un número significativo de efectivos de la Guardia Civil en trabajos "auxiliares" como la vigilancia del perímetro exterior de estos 21 centros penitenciarios o el control de las cámaras de seguridad.

En ningún caso, explicaron los refuerzos se destinarán a la seguridad y vigilancia de los reclusos ni a las labores propias de los funcionarios de prisiones o guardias civiles, agentes que seguirán al mando del servicio de vigilancia de los centros penitenciarios.

Interior ofreció esta vigilancia a alrededor de 400 escoltas privados contratados en el País Vasco y Navarra que desde marzo de 2012 están sin trabajo tras la puesta en marcha del plan de reordenación de los servicios de protección, una iniciativa adoptada tras el anuncio de cese de la actividad armada hecho por ETA el pasado 20 octubre.

En un comunicado, el sindicato de funcionarios de prisiones CSIF tilda de "irresponsable y kafkiana" la contratación de vigilantes privados, una iniciativa que, advierten, supone el primer paso para privatizar los servicios públicos penitenciarios.

CSIF teme que existan detrás de esta operación "intereses poco transparentes", toda vez que los costes son superiores a los del servicio que presta un guardia civil y sin olvidar las garantías "disuasorias, preventivas y de autoridad" que representa un agente de este cuerpo.