Parlament de Cataluña

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TRAS LAS POLÉMICAS CONVERSACIONES DE DE ALFONSO

Ciudadanos registra en el Parlament una propuesta para sacar a concurso la plaza de jefe Antifraude

La proposición de ley registrada por C's en el Parlament pretende "mejorar los procedimientos de nombramiento y control" del director de la Oficina Antifraude, después de la destitución de Daniel de Alfonso a raíz de la publicación de sus conversaciones con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por las que fueron acusados de fabricar casos de corrupción para desprestigiar las fuerzas independentistas.

Ciudadanos ha registrado una proposición de ley que plantea que el Parlament abra convocatoria para cubrir la plaza de director de la Oficina Antifraude y escoja el perfil más idóneo de entre los candidatos que se presenten, que deberán acreditar 15 años de experiencia en lucha anticorrupción.

La proposición de ley registrada por C's en el Parlament pretende "mejorar los procedimientos de nombramiento y control" del director de la Oficina Antifraude, después de la destitución de Daniel de Alfonso a raíz de la publicación de sus conversaciones con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por las que fueron acusados de fabricar casos de corrupción para desprestigiar las fuerzas independentistas.

Una de las novedades que sugiere la propuesta es quitar al presidente de la Generalitat la capacidad de proponer al Parlament un nombre para ocupar el cargo de director de la Oficina Antifraude. Así fue designado en el pleno del Parlament de la semana pasada el juez Miguel Ángel Gimeno, propuesto por Carles Puigdemont y que recibió el apoyo de Junts pel Sí, el PSC, Catalunya Sí que es Pot y la CUP, en contraste con la abstención de C's y el PPC.

Pese a que Gimeno ya ha cubierto la vacante dejada por De Alfonso, C's ha mantenido su propuesta para modificar el mecanismo de elección de futuros jefes de la Oficina Antifraude.

En la exposición de motivos, el grupo que lidera Inés Arrimadas subraya que resulta "indispensable" que la persona elegida tenga "la máxima idoneidad exigible" para el cargo, por lo que hay que "reforzar la transparencia, competitividad y publicidad del procedimiento del nombramiento", incrementar los requisitos de "experiencia y honorabilidad" de los candidatos, aumentar el consenso necesario para su elección y asegurar su "independencia".

Uno de los cambios que C's propone es que las personas al servicio de la Oficina "no podrán ser cargos de confianza o personal eventual" nombrado por el director y "deberán acceder por concurso u oposición".

La ley actual ya prevé que el director no puede estar afiliado a ningún partido, sindicato o asociación empresarial, pero C's exige que tampoco en el pasado haya militado ni "participado de manera activa" en las actividades de estas organizaciones.

Una de las principales novedades radica en el procedimiento de elección, ya que, en lugar de ser el presidente de la Generalitat el encargado de proponer al Parlament un nombre, C's quiere que sea el Parlament el que abra una convocatoria para cubrir la plaza.

Los candidatos deberán acreditar "más de 15 años de experiencia efectiva en funciones análogas a las de la Oficina Antifraude" y tendrán que acompañar su solicitud de un "programa de actividades" que debería llevar a cabo el organismo bajo su dirección.

Una comisión parlamentaria haría la criba de candidatos que no cumpliesen los requisitos y elaboraría una lista con todos los nombres, que habría que aprobar con una mayoría de dos tercios. La comisión elegiría una terna de candidatos y la elevaría al pleno, que debería escoger, en primera o segunda vuelta, a uno de ellos con el apoyo de al menos dos tercios de los diputados.

Se elevaría así el listón del consenso necesario, ya que ahora basta con una mayoría de tres quintas partes en primera votación o con la mayoría absoluta en una segunda votación para designar a un nuevo director del ente.

Tras la polémica levantada por el caso De Alfonso, la propuesta de C's también añade dos circunstancias más para justificar el cese del director de la Oficina Antifraude: el "incumplimiento grave de las obligaciones y los deberes del cargo" y el "incumplimiento grave de las leyes aplicables en el desarrollo de sus funciones".

La presidenta del grupo parlamentario de C's, Inés Arrimadas, ha recalcado que la Oficina Antifraude "necesita tener otra vez credibilidad", por lo que hay que "poner al frente a personas que no tengan ningún tipo de sospecha de vinculación con ningún partido político y puedan ejercer con total libertad e independencia su cargo".

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