Cinco años de investigación, 80.000 folios de sumario y 850 millones de euros defraudados

La juez Mercedes Alaya comenzó investigando un caso de corrupción local, el de Mercasevilla, pero acabó encontrándose con el mayor fraude de fondos públicos de la historia de la democracia en España. Cinco años de investigación y ochenta mil folios de sumario han servido para destapar una trama con más de 270 imputados y en torno a 850 millones de euros defraudados.

Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía, fue detenido en marzo de 2012. Fue el primero en entrar en prisión. Su chófer había declarado que cobraba comisiones ilegales y se las gastaba en prostitutas y cocaína. Su aliado, el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas. Ambos, supuestamente, intermediaban para conceder subvenciones del gobierno andaluz, sin control, a empresas de las que, a cambio, recibían sobornos.

Además, desde su posición incluían en los Expedientes de Regulación de Empleo de esas empresas a intrusos que en realidad no tenían ningún derecho a ayudas. La juez ve ya una trama política organizada tras ese fraude. Y apunta más arriba. Los dos exconsejeros de Empleo de la Junta Antonio Viera y Antonio Fernández son imputados por malversación de fondos públicos.  También la ex consejera de Hacienda y ex ministra socialista Magdalena Álvarez.

Ella está acusada de haber ideado el sistema para otorgar esas subvenciones sin pasar controles. Y los responsables últimos, cree ahora  la justicia, no son sino Manuel Chaves y José Antonio Griñán.