El juez belga que examinaba la extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados en Bélgica celebrará la vista en la que, previsiblemente, se les retirarán los cargos en este país a petición de las autoridades judiciales españolas.
Así se lo indicó la portavoz de la Fiscalía, Ine Van Wymersch, quien señaló que el juez tomará nota de la petición del Ministerio Público de retirar las peticiones de extradición tal y como ha solicitado el Tribunal Supremo español y éste cerrará el caso en Bélgica.
La Fiscalía ya había retirado el pasado día 5 de diciembre las medidas de libertad vigilada a Puigdemont a los exconsejeros Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, tras recibir la solicitud de las autoridades judiciales españolas de cancelar las cinco Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE). Hasta entonces, los cinco políticos independentistas, investigados en España por presuntos delitos de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación, tenían prohibido abandonar Bélgica sin consentimiento del juez de instrucción y debían comunicar su lugar de residencia y presentarse personalmente a todas las convocatorias judiciales o policiales.
Ni Puigdemont ni los exconsejeros acudirán a la vista, que se celebrará a partir de las 09.00 hora local (08.00 GMT), sino que estarán representados por sus abogados. Al tratarse de un puro trámite, ni los acusados ni sus letrados harán declaraciones a la prensa, sino que enviarán un comunicado tras la vista, informó el entorno en Bélgica de los cinco políticos.
La Audiencia Nacional se ocupó inicialmente del caso y dado que los investigados no asistieron a la declaración ante el juez fijada para el pasado 2 de noviembre, ese mismo día trasladó las euroórdenes a Bélgica, a donde se habían trasladado días antes los cinco políticos mencionados. Pero el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional de mayor rango en España y encargado de todas las causas relacionadas con el proceso separatista catalán, asumió el caso de Puigdemont, Ponsatí, Comín, Puig y Serret el pasado 24 de noviembre.
El magistrado de ese tribunal encargado del caso, Pablo Llarena, solicitó a Bélgica el pasado 5 de diciembre que retirase las euroórdenes cursadas previamente contra los cinco políticos independentistas por la Audiencia Nacional, para evitar que, en caso de ser extraditados, sólo pudieran ser juzgados por los delitos que reconozca la legislación belga.
El juez retiró asimismo las órdenes de captura internacional contra Puigdemont y sus exconsejeros, pero sigue vigente la orden nacional de detención, de modo que si estos políticos entrasen en territorio español serían detenidos en las mismas condiciones que los otros imputados por el proceso secesionista.
