El Ministerio de Empleo propondrá a los agentes sociales y a las formaciones políticas un nuevo índice para referenciar la actualización de las pensiones diferente del IPC, con el que se impedirá que ningún gobierno pueda congelarlas o bajarlas, y que ya se empezará a aplicar a partir de 2014, mientras que se retrasa hasta 2019 la entrada en vigor de un factor de sostenibilidad que vincule las pensiones con la demografía.
Así lo ha planteado la ministra Fátima Báñez este lunes a los sindicatos CC.OO. y UGT, con los que se ha reunido durante algo más de hora y media. En la rueda de prensa posterior, ha explicado que la idea es que ningún gobierno pueda congelar o bajar la cuantía de las pensiones, a través de la introducción de un índice mínimo de revalorización que deberá aplicarse obligatoriamente todos los años.
Para ello, habrá un suelo y un techo, y se tendrá en cuenta tanto la inflación como los ingresos y gastos del sistema cada año, y los déficit o superávit del propio sistema de la Seguridad Social. "En todo caso habrá ganancia año a año", ha dicho Báñez, apuntando que la subida mínima será del 0,25% y el máximo de incremento será el IPC más 0,25%. "En años de bonanza los pensionistas ganarán algo más del IPC", ha destacado.
En cuanto al factor para vincular las pensiones a la evolución demográfica y el aumento de la esperanza de vida, el Gobierno aplaza hasta el año 2019 su entrada en vigor, lo que le da más plazo para intentar llegar a acuerdos en el Pacto de Toledo.
