La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para impedir que el juez Javier Gómez Bermúdez continúe investigando la supuesta contabilidad B del PP y cite a declarar a los empresarios que, según los papeles atribuidos al extesorero 'popular' Luis Bárcenas, habrían hecho donaciones irregulares a esta formación.
"Innecesarias y desproporcionadas"
En un recurso presentado este jueves, el Ministerio Público defiende la necesidad de "dejar sin efecto la práctica de las diligencias" acordadas por el juez instructor, al considerar que son "innecesarias y desproporcionadas" y no resultan pertinentes "para cumplir y satisfacer la finalidad perseguida".
Gómez Bermúdez admitió a trámite el pasado lunes una querella presentada por Izquierda Unida (IU) y otros cuatro colectivos sociales con el criterio en contra de la Fiscalía Anticorrupción, que le informó de que el competente para asumir esta investigación era el juez instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, que había abierto una pieza separada tras encontrar tres conexiones entre las dos causas.
"Doble instrucción"
En su escrito, el Ministerio Público recuerda que ya se pronunció el pasado 8 de marzo en el sentido de que Ruz es el competente para investigar estos hechos y pide a Gómez Bermúdez que se pronuncie sobre su inhibición antes de realizar diligencias, a fin de evitar una "doble instrucción sobre los hechos".
"Consideramos innecesarias y también desproporcionadas las diligencias que se acuerdan por el instructor antes de resolver sobre su competencia, máxime cuando partimos de un hecho plenamente constatado por el instructor, cual es el parecer ya manifestado por los querellantes (...) de considerar competente al Juzgado Central de Instrucción número 5", señala el escrito.
Dejar "sin efecto" las declaraciones
En concreto, la Fiscalía pide que se "dejen sin efecto" las declaraciones de los 12 imputados que Gómez Bermúdez ordenó realizar entre los días 25 y 27 de este mes y la entrega de documentación sobre todos ellos que el juez pidió al Partido Popular (PP), la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Registro Público de Contratos, el Tribunal de Cuentas y el diario 'El País', al que reclamó los denominados 'papeles de Bárcenas' que publicó el pasado 31 de enero.
